Cantabria

El Ayuntamiento de Camargo considera que el proyecto provisional de deslinde marítimo-terrestre “afecta injustificadamente al tejido productivo en el municipio”

El Ayuntamiento de Camargo ha presentado alegaciones ante el Ministerio de Medio Ambiente solicitando que se modifique el deslinde del dominio marítimo-terrestre dado que considera que su actual trazado afecta gravemente a los intereses de los camargueses especialmente en zonas vitales para el tejido productivo y con ello tal y como explica el alcalde Diego Movellán en su escrito “pone en riesgo empleos actuales y futuros sin que ningún supuesto interés público justifique que el deslinde afecte a los mismos”.

 

En concreto, el deslinde afecta a ámbitos industriales como el Polígono Industrial de Raos, a la zona situada en la Calle Juan Carlos I, la zona de Ferroatlántica, el área en que se enclavan empresas como B·Solutions y Daka Comteq e incluso al Polígono Industrial de La Verde.

 

El escrito presentado por el Ayuntamiento se apoya en la diferencia que existe entre “la realidad del territorio y la realidad de los mapas” y señala quede no tenerse n cuenta esta diferencia se causaría un perjuicio significativo a la actividad productiva en el Valle sin ninguna razón.

 

Por otra parte, el escrito de alegaciones explica que también ámbitos residenciales se ven afectados injustificadamente por este proyecto. Entre ellos reseña zonas de la Ría del Carmen, tanto en la Avenida de la Libertad en Muriedas como en los barrios de El carmen y La Llosuca en Revilla.

 

Además equipamientos educativos como el IES Ría del Carmen y el Valle de Camargo está afectados en zonas que tal y como recoge el escrito “tienen una clara vocación urbana y han sido transformadas de tal manera que la dinámica marina no produce afección sobre ellas. Es más, disponen de todos los servicios para ostentar la condición de suelos urbanos”.

 

El Ayuntamiento defiende que por ello, tanto las áreas industriales como las residenciales y los equipamientos educativos afectados “carecen del interés para que les sea aplicado el régimen jurídico establecido por la Ley de Costas a la zona de dominio público marítimo terrestre”.

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