El PP asegura que su compromiso contra el ‘fracking’ es ‘definitivo’
- Cantabria
David Laguillo
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-En la imagen de archivo una manifestación contra el ‘fracking’
El diputado regional Iñigo Fernández (PP) ha asegurado que la anulación por parte del Gobierno del permiso de investigación ‘Arquetu’ deja claro que el Ejecutivo autonómico tiene mecanismos y está dispuesto a utilizarlos para impedir que la fractura hidráulica ‘fracking’ se lleve a efecto en Cantabria.
Fernández considera que las razones que sirven ahora para estimar los recursos presentados contra el permiso ‘Arquetu’ pudieron haber servido al Gobierno de Miguel Ángel Revilla para denegar el permiso en marzo de 2011.
«A nadie le puede quedar ninguna duda de que el compromiso del Ejecutivo de Ignacio Diego en contra el fracking es definitivo en defensa de los intereses de todos los cántabros y de la protección del paisaje, el medio ambiente y el patrimonio de la región».
De este modo ha valorado el Partido Popular de Cantabria, a través de su diputado regional Iñigo Fernández, la anulación por parte del Gobierno de Ignacio Diego del permiso de investigación para obtener gas por fractura hidráulica ‘Arquetu’, concedido por el anterior Ejecutivo regional en marzo de 2011 y que afectaba a municipios de la comarca del Saja y el Nansa como San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Rionansa, Tudanca, Udías, Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga y Los Tojos.
«La anulación del permiso ‘Arquetu’, declarado ilegal porque el terreno afectado no es compatible urbanísticamente, es la mejor prueba de que el Gobierno tiene mecanismos para impedir que el fracking se lleve a efecto en Cantabria» y, además, «no sólo tiene mecanismos, sino que está dispuesto a utilizarlos y ejercerlos», ha considerado Iñigo Fernández tras recordar que «aunque la Ley de Cantabria que prohíbe la técnica de la fractura hidráulica en la Comunidad Autónoma está suspendida cautelarmente hasta que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad planteado por la Administración del Estado, el Ejecutivo autonómico dispone de otros argumentos jurídicos para impedir que se haga fracking en el territorio regional, como la legislación urbanística, que establece que no se pueden llevar a cabo actividades mineras o extractivas en Cantabria salvo que tengan lugar en suelo rústico de especial protección minera».
Además, Iñigo Fernández también ha destacado que de la resolución adoptada el pasado jueves por el Ejecutivo puede extraerse otra conclusión, y es que «Revilla pudo haber denegado el permiso de investigación ‘Arquetu’ cuando lo autorizó, porque las razones que sirven ahora para estimar los recursos presentados contra dicho permiso pudieron haber servido entonces para rechazar la solicitud».
«Si el Gobierno PRC-PSOE aprobó el permiso ‘Arquetu’ el 31 de marzo de 2011 no fue porque no le quedaba más remedio, como han dicho, sino porque quiso hacerlo. Esa fue su responsabilidad», ha apostillado Fernández, quien no obstante considera que «en este momento mantener la unidad de todos contra el fracking parece más importante que reprochar a socialistas y regionalistas su irresponsabilidad de entonces».
A este respecto, Fernández ha abogado nuevamente por «unir todas las fuerzas en contra de esta amenaza: el Gobierno de Cantabria, los ayuntamientos, los colectivos ciudadanos… porque ninguna empresa podrá perforar en Cantabria si esta sociedad da una respuesta unánime y conjunta en contra del fracking».
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