Cantabria

El PSOE acusa al PP de querer acabar con el municipalismo y privatizar servicios

  • Fernández señala que el “reparto de papeles” entre Diego y De la Serna responde a una estrategia mientras el PP sigue su hoja de ruta

La secretaria de Política Municipal del PSC-PSOE, Isabel Fernández, ha alertado hoy que el cruce de declaraciones entre el presidente regional, Ignacio Diego, y el alcalde de Santander y presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, en torno al proyecto de Ley de Régimen Local es una estrategia con el objetivo de “distraer la atención” mientras el PP sigue su hoja de ruta para “acabar con el municipalismo” y “privatizar” los servicios municipales.

“El PP camina sobre su hoja de ruta, que es acabar con el municipalismo, con ese trato directo a los ciudadanos, con sus representantes más próximos y con la política de servicios municipales”, ha asegurado Fernández, que ha opinado que el “reparto de papeles” entre Diego y De la Serna responde a un “intento de manipulación orquestado para ganar tiempo y así mermar la capacidad de reacción cuando la Ley sea un hecho”.

En este sentido, ha hecho hincapié en que “está demostrado que ni el Gobierno central ni el Gobierno autonómico necesitan consenso”, ya que “en ningún momento han atendido a ninguna propuesta que les ha hecho la oposición”, sino que aplican el “rodillo” para sacar adelante sus propuestas.

Igualmente, ha reiterado la defensa de las Juntas vecinales por parte de los socialistas, que, según ha denunciado, “con la última modificación han quedado totalmente eliminadas” y ha expresado su “preocupación” porque están en juego servicios como las aulas de dos años, la teleasistencia, la ayuda a domicilio, el cátering social, los centro de día, la residencias de ancianos municipales o las agencias de desarrollo.

Al respecto, ha recordado que “ya en esta legislaturas, con el Gobierno del PP, han quedado suprimidos algunos servicios municipales y otros muy afectados”.

“De salir adelante esta ley lo único que vamos a tener son unos servicios con mayor coste para los ciudadanos y con menor eficacia, y, además, supone la pérdida de más de 1.000 puestos de trabajo en Cantabria y más de 200.000 en España”, ha aseverado.

Por ello, ha exigido que se definan las competencias y su financiación y ha subrayado que “no vale decir que no toca hablar de la financiación”.

 

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