El sindicato STEC denuncia la «rigidez» de la Consejería de Educación en materia de salud laboral
- Cantabria
David Laguillo
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El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria (STEC), mayoritario en la Educación pública de esta Comunidad Autónoma, ha denunciado en un comunicado la ‘rigidez’ con la que está actuando la
Consejería de Educación, y la ‘nula receptividad’ hacia las aportaciones sindicales que
está recibiendo desde que empezó el estado de alarma.
«La no aceptación de absolutamente ninguna propuesta de mejora en la última reunión del Comité de
Seguridad y Salud, ejemplifica esta actitud», opina STEC.
Desde el sindicato aseguran que están «muy preocupados» por las posiciones
‘inflexibles’ que la administración encabezada por la regionalista Marina Lombó está
manifestando desde hace dos meses, ‘desoyendo prácticamente todas las
propuestas que se hacen desde el ámbito sindical que representa al conjunto del
profesorado de Cantabria’.
«La reunión que hemos mantenido ayer martes en el
Comité de Seguridad y Salud, es el último ejemplo de esta actitud intransigente», detalla el sindicato, que añade que «tomar las decisiones sin contar con nadie que no sea la propia
administración (la educativa en este caso) conduce a cometer muchos errores que,
en ocasiones van acompañados, además, de ciertas dosis de autoritarismo».
Desde el STEC se hicieron propuestas que ‘considerábamos de mínimos más
que razonables para abordar la apertura parcial de los centros en el mes de junio’, como plantear que la compra de todo el material necesario para la prevención relativa al riesgo por exposición al COVID-19 no se volviese al delegar en los directores y directoras de los centros educativos; sino que se hiciese de forma
centralizada para no recargar de más responsabilidades a los equipos
directivos, para garantizar por parte de técnicos de prevención de la
Consejería la calidad de estos materiales y, en última instancia, por una razón
de eficiencia económica; Se exigió que se eximiese de acudir a los centros educativos a todo el personal
docente que padece una serie de patologías o que está en unas condiciones
(mujeres embarazadas, mayores de sesenta años) que les hacen
especialmente sensibles frente al COVID-19; Se insistió en la necesidad de establecer ratios de alumnado que posibilitasen
la mínima distancia de seguridad, junto con unos equipos de protección
individual de las máximas garantías. También se pidió implementar medidas
formativas en materia de seguridad y salud para que todo el profesorado
pudiese enfrentarse al riesgo frente al COVID-19 con estrategias individuales
seguras; Se exigió coordinación con otras administraciones y empresas para asegurar la
debida desinfección y limpieza de los centros educativos.
«Nada de esto fue admitido, con lo que la reunión se convirtió, como otras
anteriores, en un trámite con el que legalmente hay que cumplir, pero
completamente vacío en lo que a negociación se refiere», opina el sindicato, que hace un llamamiento público a la consejera Marina Lombó para que ‘asuma que los representantes del profesorado tienen que tener un papel
principal a la hora de diseñar la estrategia en los centros educativos frente a la
crisis sanitaria’.
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