La Audiencia juzgará a dos acusados de altas fraudulentas de extranjeros en la Seguridad Social para obtener prestaciones
- Cantabria
David Laguillo
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El martes 17 de septiembre la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria juzgará por presunto delito contra la Seguridad Social a dos acusados de simular una situación laboral ante la Seguridad Social con la finalidad de obtener prestaciones.
Según el ministerio público, uno de los acusados era administrador único de una empresa cuyo objeto social era el “asesoramiento jurídico de extranjeros y comercialización de productos”, mercantil que “carecía de actividad y de estructura real ni contaba con una sede en la que desarrollar su objeto social”.
A juicio del fiscal, tal empresa fue creada por el acusado “para dar de alta a terceras personas, que nunca llegaban a realizar tarea alguna en la empresa, generando un derecho a prestaciones económicas de la Seguridad Social a las que no habrían tenido acceso sin ese periodo en el que figuraron de alta para la citada compañía”.
Según el escrito del ministerio público, el acusado llegó a dar de alta “hasta un total de 34 trabajadores que, insistimos, no desarrollaron trabajo alguno para aquella, circunstancia esta plenamente conocida por él”.
También está acusado en este juicio un hombre que fue dado de alta en la empresa durante poco más de un mes “reanudando el cobro del subsidio de desempleo a resultas de tal inscripción, y sin que hubiera realizado trabajo alguno en la referida empresa”.
Estos hechos constituyen, a juicio del fiscal, un delito de fraude a la Seguridad Social, por lo que pide una condena de tres años y medio de prisión, multa de 7.668 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones e incentivos fiscales o de la Seguridad Social para el que era administrador de la empresa; y dos años y medio de cárcel, multa de 5.112 euros y la pérdida de obtener subvenciones e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años para el supuesto trabajador.
Por su parte, el Servicio Público de Empleo Estatal, que ejerce la acusación particular, eleva la petición de pena para cada uno de ellos a cuatro años de cárcel, multa de 15.336 euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis años.
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