La concejala de Movilidad Sostenible denuncia que PRC y PSOE quieren privatizar el transporte urbano municipal
- Santander
David Laguillo
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La concejala de Movilidad Sostenible, María José González Revuelta, reiteró hoy su denuncia del intento de privatización del transporte urbano municipal por parte del Gobierno de Cantabria y afirmó que es el consejero de Transportes, Juan José Sota, quien ‘desconoce’ la legislación al respecto o, ‘lo que es peor, miente’, informó el Ayuntamiento de Santander mediante un comunicado.
González Revuelta dijo que el PSOE y el PRC han elaborado un anteproyecto de Ley de Transportes a través del cual pretenden que los servicios municipales de autobuses se presten por una empresa privada ya que, en su artículo 19, establece que «la prestación de los servicios regulares de transporte urbano de viajeros de uso general se realizará con carácter general en régimen de concesión administrativa».
La concejala remarcó que este artículo ‘vulnera’ la Ley de Bases de Régimen Local, según la cual la decisión relativa a optar por una u otra forma de gestión de los servicios públicos municipales es una competencia exclusiva de los ayuntamientos y no de las comunidades autónomas.
Por ello, se reafirmó en su denuncia de que el Gobierno de Cantabria quiere imponer a los ayuntamientos la forma de gestión de su transporte público y no sólo eso, sino que pretende que la gestión sea a través de concesiones a empresas privadas, lo que supondría privatizar el TUS.
González Revuelta lamentó que el señor Sota, para defender la presencia de este artículo en el anteproyecto de ley que ha preparado, tenga que invocar una ley estatal que, en la parte en la que se refiere a la administración autonómica y local, fue declarada inconstitucional en 1996 porque invadía competencias de otras administraciones.
«Nuestro único interés es que se respete la autonomía municipal, que cada ayuntamiento pueda elegir y decidir cómo gestionar sus servicios, al igual que ocurre con los servicios de multas, basuras y agua, sin ninguna interferencia por parte de otra administración», subrayó la concejala de Movilidad Sostenible.
González Revuelta consideró que la regulación que pretende establecer el Gobierno regional resulta especialmente grave en el caso de Cantabria donde el único Ayuntamiento con servicio de transporte urbano de viajeros es el de Santander, y donde existe un régimen de gestión directa por la propia entidad local, que entraría en colisión con la forma de gestión por la que opta el anteproyecto de ley, invadiendo así las competencias municipales y la autonomía local.
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