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La justicia mantiene el derribo de Las Llamas I de Argoños a cargo de Tragsa

  • Confirma el auto del Juzgado que rechazó modificar el modo de ejecutar el derribo de la urbanización, al no alcanzarse un acuerdo entre todas las partes

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha decidido mantener la ejecución del derribo de la urbanización Las Llamas I de Argoños en el modo en que fue acordado en distintas resoluciones de 2011, esto es, a cargo de la empresa pública Tragsa.

El tribunal confirma así el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander, que el pasado mes de enero resolvió mantener la ejecución a cargo de Tragsa, rechazando la solicitud del Ayuntamiento de modificar este mecanismo.

Explicaba el magistrado de instancia en su auto que “la propuesta formulada nunca ha llegado a concretarse, ni en las formas, ni en el calendario, ni menos aún en los medios financieros”.

“Todo queda pendiente de futuribles, como el contenido del nuevo Plan General de Ordenación Urbana o la voluntad de los futuros gobiernos autonómicos de asumir o no el coste; es decir, aprobar la propuesta supone suspender de facto la ejecución a la espera de acontecimientos y buenas voluntades”, añadía el juez en su auto.

Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo respalda la tesis del magistrado de instancia, cuyo auto califica de “impecable”, y señala que “no siendo posible adoptar las medidas o medios propuestos por el Ayuntamiento, se debe continuar ejecutando conforme se había previsto anteriormente”.

Además, resalta que la tramitación de este incidente se llevó a cabo “para favorecer una vía consensuada de ejecución en un tema tan sensible y económicamente relevante como éste”, pero dado que “la solución consensuada no fue posible” procede mantener la ejecución en los términos ya fijados.

Finalmente, el tribunal responde a las alegaciones del Gobierno acerca de la diferencia de criterio entre la Sala y el Juzgado, aludiendo a resoluciones en las que sí se han aceptado modificaciones en la forma de ejecutar. La Sala rechaza los casos propuestos por el Gobierno y explica que son supuestos distintos y no vinculantes para el Juzgado.

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