Los jóvenes absueltos de intentar agredir a Ignacio Diego en la UC inician acciones legales contra sus denunciantes
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David Laguillo
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-Los jóvenes denuncian el «montaje político y policial» a través del cual se les pedía un total de 42 años de cárcel
-Los vídeos fueron determinantes para dictaminar que no hubo daños en los vehículos oficiales ni agresión a Ignacio Diego por parte de los jóvenes absueltos
-Durante su única legislatura como Presidente de Cantabria Ignacio Diego protagonizó varias polémicas con diversos colectivos
Los jóvenes que intentaron acceder a un acto público en la Universidad de Cantabria el 17 de febrero de 2017 inician ahora acciones legales contra sus denunciantes. Estos jóvenes, a partir de las declaraciones judiciales del entonces presidente autonómico Ignacio Diego, su chófer, jefe de gabinete y escolta, han sufrido un proceso judicial que sólo unos vídeos aparecidos posteriormente permitió «contrastar con la realidad».
El colectivo «Preguntar no es delito» ha demostrado su inocencia ante un “montaje político y policial” que llegó a imputarles penas de hasta 12 años de cárcel (42 en total) y haberse tomado un tiempo para ‘desconectar de la Justicia y la exposición mediática’.
Ahora, regresan a los juzgados, en esta ocasión para interponer denuncia y recuerdan las constantes noticias de casos de ‘represión’ bajo la ‘Ley Mordaza’, ‘amparadas únicamente en la palabra de policías que cuando se demuestra falsa no implica consecuencias’.
Agresión y denuncia falsa
En el caso de «Preguntar no es delito» existen dos vídeos inesperados que ‘evidenciaron la falsedad’ de la acusación. “Si las imágenes valen más que mil palabras, entendemos que es una oportunidad única para que se haga auténtica justicia o para evidenciar los resortes del poder que lo impiden”, señalan desde la asamblea que conformaron los imputados.
En concreto, han presentado denuncia por la agresión y la denuncia falsa que entienden que protagonizaron los policías, así como por falsedad documental, al presentar las empresas de renting que prestaba servicios de vehículos oficiales para el Gobierno de Ignacio Diego facturas que justificaran el delito con ‘varias irregularidades, incluyendo daños inapreciables a la luz de los vídeos’.
A lo largo de los más de cuatro años que duró el “tortuoso” proceso, los imputados recibieron un amplio apoyo, y ahora quieren devolver una parte de toda esa solidaridad abriendo un proceso contra los policías y empresas que ‘fabricaron el presunto montaje, principalmente para sentar un precedente que pueda evitar futuros casos de represión como aquél por defender la Educación Pública o, como actualmente está ocurriendo, por parar un desahucio en Astillero’, explican en un comunicado.
Además, recuerdan que el apoyo de profesores, personal y estudiantes ‘nunca se vio culminado con el compromiso demandado al entonces rector (Gómez Sal) de la institución’, de que la Universidad de Cantabria se consagrara como ‘espacio de libertad y debate’, de que ‘nunca volvería a censurarse como ocurrió aquella mañana’.
Desde #PreguntarNoEsDelito esperan seguir recibiendo el apoyo popular que hizo posible la sentencia exculpatoria, para ‘acabar con la impunidad de quienes son capaces de mentir y falsificar pruebas’, utilizando el dinero público con el objetivo de ‘perseguir cualquier disidencia’. Como recogía el manifiesto por la absolución y la no repetición de aquel proceso, que firmaron cientos de personas, “la arbitrariedad conlleva que mañana podamos ser cualquiera de nosotras quienes enfrentemos algo así de forma injusta”.
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