Pasaje Seguro tacha de «decepcionante» su reunión con la Autoridad Portuaria
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David Laguillo
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-El grupo de trabajo ciudadano afirma que a su juicio la Autoridad Portuaria ‘no va a dar ningún paso para cerciorarse de si el comercio de armas con Arabia Saudí en el Puerto de Santander pudiera ser ilegal’
El pasado viernes, Pasaje Seguro Cantabria se reunía con varios miembros de la Autoridad Portuaria, entre ellos su presidente, Jaime González, tras haberse celebrado el Consejo de este órgano en el que el grupo de trabajo ciudadano solicitaba que se abordasen las presuntas irregularidades del comercio con la naviera saudí Bahri. La valoración de la reunión por parte de Pasaje Seguro es negativa, ya que consideran que la Autoridad Portuaria ‘se enroca en su falta de competencias para cuestionar la legalidad de este comercio’, que este colectivo cuestiona, y seguirá dando curso al tráfico portuario correspondiente.
A la reunión asistieron varios miembros de Pasaje Seguro, acompañados de Ignacio Robles, bombero vasco expedientado por negarse a cargar armas en el Puerto de Bilbao, dado que el grupo se encuentra dentro de una plataforma de ámbito estatal, La Guerra Empieza Aquí, en la que hay colectivos de Cantabria, Euskadi, Burgos y Motril entre otros territorios, todos ellos afectados por el ‘siniestro’ comercio de armas con la dictadura saudita que está asesinando a población civil en Yemen.
Pasaje Seguro había remitido, vía registro, una petición a todos los miembros del Consejo para que en la reunión, realizada el pasado 13 de diciembre, se trataran dos cuestiones que consideran esenciales: la petición de informes a la Abogacía del Estado sobre un posible incumplimiento de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre Control del Comercio Exterior de Material de Defensa de Doble Uso, precepto 8.1., que impide comercio de armas que vayan a usarse contra población civil, y las posibles sanciones a la naviera Bahri por apagar el sistema de señalización (AIS), algo que podría suponer una multa de hasta 900.001 euros.
Pasaje Seguro estudia ya con su equipo jurídico otras medidas que puedan ayudar a avanzar en el ‘cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales que impiden la venta de armas en tales circunstancias’, como ya han hecho Nación Andaluza y la plataforma Motril en Común, que registraron una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Granada por la que se han abierto diligencias.
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