CCOO: el Ayuntamiento será el “máximo responsable” de las consecuencias del recorte del servicio de ayuda a domicilio
- Santander
David Laguillo
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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales no ha admitido el recurso interpuesto por el sindicato contra la adjudicación de este servicio
La Federación de Servicios a la Ciudadanía, (FSC), de CCOO de Cantabria ha anunciado que considerará al Ayuntamiento de Santander el “máximo responsable” de las consecuencias en materia laboral que puedan producirse tras el “recorte impuesto” al Servicio de Ayuda a Domicilio, (SAAD).
La secretaria de Política Social de la FSC, Silvia Solar, se ha manifestado así después de conocer la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de no admitir el recurso interpuesto por el sindicato contra la adjudicación definitiva del SAAD a la empresa UTE Seralia S.A. – Servicios Teleasistencia, que rebaja el precio hora de los salarios de los trabajadores a 12,56 €, por debajo del coste mínimo total / hora estimado de 12,93 €, (12,22 € / hora de coste por auxiliar y 0,71 € / hora del coste del equipo).
Solar ha considerado que, a pesar de lo que ha dictado el Tribunal Administrativo, CCOO sí que está legitimada para denunciar el pliego de condiciones que publicó el Ayuntamiento de Santander “claramente mercantilista, basado exclusivamente en el ahorro económico” porque el fin y la actividad del sindicato es “la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores”.
Tras la decisión del Tribunal, la portavoz sindical ha declarado que CCOO “vigilará de cerca” las condiciones laborales de las 140 trabajadoras que conforman la plantilla y que “de incumplirse alguna de las normas del convenio el sindicato actuará por la vía de la jurisdicción social contra la empresa que ejecute los incumplimientos y contra el Ayuntamiento de Santander, como instigador de los mismos”.
Solar ha recordado que entre los baremos establecidos dentro del pliego de condiciones deberían destacar “aquéllos que garanticen una mayor eficacia y calidad del servicio municipal” y no solo los “puramente económicos” ya que tal y como está adjudicado este servicio “no se va a poder respetar los derechos laborales porque el coste de personal está por encima del precio / hora”.
La secretaria de Política Social ha mostrado su preocupación por “experiencias anteriores” en otros ayuntamientos españoles que han adjudicado servicios “a la baja” y el resultado ha sido; desregularización de la jornada laboral, reducciones abusivas de contratos, rebajas “indiscriminadas” de salarios y despidos de trabajadores.
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