Acusan al PP de «bloquear» el protocolo antidesahucios de Santander
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David Laguillo
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La plataforma Stop Desahucios, promotora del documento que desarrolla el protocolo antidesahucios, ha expresado este viernes su ‘desánimo’ ante la “falta de sensibilidad social” y “errática gestión” de la concejal de Servicios Sociales, María Tejerina, y del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander.
El colectivo acusa al PP de «bloquear» el protocolo antidesahucios de Santander pero, a pesar de todo, la plataforma mantiene su hoja de ruta para aprobar el protocolo. Por ello, entre otras cuestiones, ha presentado alegaciones a los presupuestos 2017 y también ha mantenido contactos con el resto de grupos municipales y con la Consejería de Vivienda, que han mostrado su apoyo a dicho protocolo.
Durante el mes de noviembre, la plataforma Stop Desahucios ha venido manteniendo diferentes reuniones con los grupos municipales para presentarles el protocolo antidesahucios.
«Con la excepción del grupo popular, todos los grupos municipales han mostrado su apoyo a dicho documento; aunque hay matices en ese apoyo, ya que, según la plataforma, el grupo C’s ha sido “menos determinante” en cuanto al respaldo al método a seguir para su aprobación», señala la plataforma.
El pasado miércoles, 14 de diciembre, se celebraba una reunión del grupo de exclusión social del Ayuntamiento de Santander, compuesto por los grupos municipales del Consistorio y técnicos del Ayuntamiento, y de la plataforma Stop Desahucios para tratar el documento que desarrolla el protocolo. Dicha reunión se celebró a petición de la plataforma e inicialmente iba a tener como objetivo analizar la viabilidad jurídica del documento, ya que el grupo popular y la concejal de Servicios Sociales “tenían dudas al respecto”.
«Sin embargo, el contenido y el formato de la reunión se alteraron sin previo aviso y de forma unilateral por la titular de servicios sociales», afirman.
Para Ruth Deguas, portavoz de la plataforma, en dicha reunión se produjo un “debate insustancial”, entre los representantes del gobierno municipal y de la plataforma, “ya que no se puede debatir sobre una alternativa inexistente al protocolo de la plataforma. Según Ruth Deguas, para la Concejalía de Servicios Sociales y el grupo popular “no hacen falta más recursos que los existentes”. De hecho, en dicha reunión la concejal de Servicios Sociales presentó un documento que, siendo un “corta y pega” del protocolo de la plataforma, suprimía en su totalidad los recursos habitacionales y las ayudas directas, así como la Oficina de Defensa de la Vivienda, organismo fundamental para llevar a cabo los objetivos del protocolo.
En opinión de la representante del colectivo: “Los servicios sociales están colapsados y no pueden atender el volumen de afectados y es inviable que el Ayuntamiento pretenda que el servicio de mediación del colegio de abogados pueda cubrir las necesidades constatadas. Un servicio sin apenas funciones y generalista que ha atendido en 2016, según sus propias memorias, a 12 afectados. Cuatro horas a la semana para atender casos de clara, Emergencia Social es insuficiente, dada la cantidad de recursos que requieren los procesos de ejecución hipotecaria. Si las familias en riesgo de desahucio no acuden a dicho servicio es porque no supone una ayuda inmediata”.
Según Ruth Deguas, el texto ‘alternativo’ presentado por la Concejalía de Servicios Sociales “no está bien desarrollado”, con “enunciados vacíos de contenido, sin datos y sin los recursos necesarios para el funcionamiento del protocolo”, lo cual refleja una clara “falta de sensibilidad social”, además de una “errática gestión”. Para la portavoz: “No existe intención de negociar, de debatir, porque para poder hablar sobre un documento, éste debe ser serio y riguroso en sus contenidos, como lo es el presentado por la Plataforma Stop Desahucios, que incluso ha recibido una valoración muy positiva por parte de los propios técnicos de servicios sociales presentes”.
El protocolo antidesahucios fue aprobado de forma unánime por todos los grupos municipales en febrero de 2016. El segundo de los puntos de dicha moción establecía que el Ayuntamiento debería “proporcionar recursos profesionales, económicos y habitacionales”. Sin embargo, el protocolo que quiere aprobar la concejal de Servicios Sociales, en opinión de la plataforma, “difumina los recursos profesionales y hace desaparecer completamente los recursos económicos y habitacionales para las personas en riesgo de desahucio”.
Alegaciones al presupuesto
Debido a la ‘falta de respuesta’ del equipo de gobierno, la plataforma Stop Desahucios presentó el pasado 13 de diciembre alegaciones a los presupuestos de 2017. En dichas alegaciones se expresa el gasto que implicaría el protocolo: 362.700 euros anuales. “Una cantidad ridícula si lo comparamos con otros gastos mucho menos necesarios como los microespacios”, expresan desde la plataforma.
Ciudadanos “tendrá que mojarse”
Para Ruth Deguas: “La responsabilidad recae en C’s, que deberá definir su postura. Si realmente son sinceros en el apoyo al protocolo, y quieren ser coherentes, deberán votar a favor de las alegaciones. Eso implicará llevar la contraria al equipo de gobierno. Desde la plataforma les pedimos que demuestren su independencia con respecto al Partido Popular”. De hecho, esa ‘coherencia o su falta’ tendrían también relación con el contenido de las propuestas del grupo parlamentario del mismo partido. Y es que recientemente, el grupo parlamentario de Ciudadanos presentó una propuesta para los presupuestos del Gobierno de Cantabria que incluían ‘nada menos que 4 millones de euros para alquiler social’.
El grupo municipal de C’s ha expresado que se podría aprobar el desarrollo del protocolo mediante un expediente extraordinario de modificación de presupuestos. Sin embargo, para la plataforma esa posibilidad es “inviable” ya que necesitaría del acuerdo del equipo de gobierno.
Apoyo de la Consejería de Vivienda
La plataforma Stop Desahucios también ha mantenido en los últimos días contactos con representantes de la Consejería de Vivienda y Obras públicas, los cuales han dado el visto bueno al documento del protocolo. Desde la Dirección General de Vivienda están centralizando un convenio para toda Cantabria con el Consejo General del Poder Judicial. En el documento que desarrolla el protocolo para Santander se establece la obligación de un acuerdo con los órganos judiciales y, por tanto, a la plataforma le parece adecuada dicha fórmula.
Según la plataforma, otra de las cuestiones que han tratado es la necesidad de especificar en el protocolo de forma pormenorizada los casos de afectados que no posean título que acredite la ocupación de una vivienda. Por último, en la Consejería entienden que existe un problema de coordinación y que, por ello, tendría que incorporarse un acuerdo por escrito donde se establezca la colaboración entre Ayuntamiento y Consejería de Vivienda. Una de las cuestiones que entienden tanto en la plataforma como en la Consejería es la necesidad de tener informes sociales que avalen las ayudas dirigidas a los afectados que han sufrido un lanzamiento de su vivienda o que se encuentran en riesgo de desahucio. Esos informes, obligatorios para gestionar las ayudas, ya sean de alquiler social o ayudas directas al alquiler, deben realizarse de forma inmediata cuando existe la posibilidad de un desahucio inminente. Por ello, entienden muy razonable la existencia de un órgano, como la Oficina de Defensa de la Vivienda, que coordine las actuaciones y emita dichos informes.
El número de desahucios en Cantabria y en Santander
Según el Consejo General del Poder Judicial, en los últimos cuatro años, del 2013 al tercer trimestre de 2016, ha habido 2.689 lanzamientos (desahucios). Concretamente, en Cantabria hubo 799 desahucios o lanzamientos en 2015 (311 fueron por ejecución hipotecaria, 462 por impago de alquiler y 26 por otros procedimientos). En 2016, la tendencia estadística indica una reducción en torno al 8% durante los tres primeros trimestres (600 en 2015 por 549 en 2016). Según la plataforma, el 80% de los lanzamientos sería de viviendas. La extrapolación al municipio de Santander indicaría un número de lanzamientos de vivienda en torno a los 300-350 lanzamientos anuales. La extrapolación desarrollada por la plataforma se ha realizado valorando que la población santanderina representa el 30% de la de toda Cantabria y que el municipio de Santander se encuentra 8 puntos por encima de Cantabria (28,10% en Santander por 20,40% en Cantabria) en la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social.
El protocolo antidesahucios
Según el documento elaborado por la plataforma, el objetivo es conseguir a medio plazo que el número de desahucios o lanzamientos en la ciudad de Santander para personas sin recursos sea “igual a CERO”. El número de familias afectadas del municipio que podrían acudir a los servicios que ofrece el protocolo podría estar en torno a las 700 (dos últimos años), aunque en el mismo se contempla un número de usuarios alrededor de 150 para el primer año.
En el documento de 18 páginas se desarrollan de forma muy específica los recursos legales, económicos y organizativos para llevar a cabo todas las medidas. Incluso se concretan aspectos como la situación habitacional y judicial, así como el perfil económico y condiciones de especial vulnerabilidad de los beneficiarios.
Además de los recursos habitacionales contenidos en el documento (alquiler social y ayudas al alquiler), se promueve la creación de la Oficina de Defensa de la Vivienda en el Ayuntamiento de Santander. Dicha oficina, integrada por dos personas que ejercerán labores de asesoramiento jurídico y trabajo social, se ocupará de intervenir en cada caso y coordinará las actuaciones del día a día. Y es que en el documento también se proponen órganos de coordinación más amplios, con la participación de colectivos sociales y políticos.
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