El alcalde pedáneo de Sámano entre los años 2007 y 2011 será juzgado por presunta prevaricación y malversación

A partir del lunes 25 y durante toda la semana, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria juzgará al que fuera alcalde pedáneo de Sámano entre los años 2007 y 2011 por dos delitos continuados de prevaricación y otro delito continuado de malversación, por hechos realizados durante su mandato.

Además, se juzga a su esposa y a un compañero de partido, quienes fueron contratados irregularmente como asesora y tesorero, respectivamente.

Según el relato del ministerio fiscal, el que fuera alcalde pedáneo de Sámano entre 2007 y 2011 aprovechando una subvención concedida por el Ayuntamiento de Castro Urdiales para realizar inversiones relacionadas con la gestión del agua, empleó esas cantidades para fines distintos.

Tal y como detalla en su escrito, durante su mandado realizó diversas adjudicaciones directas de distintos servicios empleando mecanismos tales como fraccionamiento del contrato o incluso superando las cantidades y el límite temporal de la contratación menor. Estas actuaciones que merecen, a juicio del fiscal, la calificación de delito continuado de prevaricación.

Comidas, cestas de navidad, ordenadores y compras privadas

Además, durante esos años destinó presuntamente dinero público para uso particular: hasta un total de 40.000 euros se gastaron en comidas, 10.000 euros en cestas de navidad sin finalidad pública; cerca de 9.000 euros para la compra de ordenadores y dispositivos electrónicos de uso particular; y más de 6.000 euros para compras en grandes superficies.

Junto a ello, el fiscal señala que contrató una línea telefónica para su esposa que acumuló facturas de cerca de 11.000 euros, así como otras dos para uso por personas ajenas a la Junta Vecinal. Todos estos gastos de dinero público para uso particular merecen, a juicio del ministerio público, la consideración de un delito continuado de malversación.

Finalmente, el fiscal imputa al pedáneo otro delito continuado de prevaricación por ordenar a la gestoría encargada de elaborar las nóminas de la Junta Vecinal que incrementara los distintos conceptos de su nómina.

También ordenó que elaborasen sendas nóminas a favor de su esposa –como asesora- y de un compañero de partido –como tesorero-, pese a contar con el rechazo del pleno.

Por todos estos hechos, el ministerio público solicita una condena de doce años de cárcel y 28 años de inhabilitación.

Además, reclama una pena para su mujer y para el que fuera tesorero, por actuar ambos como cooperadores necesarios: para la primera, once años de cárcel y 18 de inhabilitación; y para el segundo, seis años de prisión y diez de inhabilitación.