Alertan sobre la «dejación de funciones» institucional contra el «fracking»
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David Laguillo
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La Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria ha puesto de relieve lo que a su juicio es una ‘dejación de funciones de las instituciones, a la hora de dar carpetazo definitivo a la amenaza de la fractura hidráulica («fracking»)
El colectivo recuerda que, aunque los permisos de investigación Bezana-Bigüenzo (sur de Cantabria) y Luena (Valles Pasiegos) están caducados, el gobierno central no acaba de tramitar la extinción de los permisos publicando tal hecho en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La Asamblea asegura que ha hecho ‘reiterados requerimientos’ a las instancias correspondientes para que esta tramitación se lleve a cabo, así como múltiples solicitudes de información sobre el estado de los permisos.
El pozo de perforación en Valderredible, Sestero 1, perteneciente al permiso Bezana y Bigüenzo, sigue con el expediente abierto, en fase de que la empresa presente el Documento de Evaluación Ambiental, a pesar de que hayan vencido sus plazos, y de haber sido solicitado cuando el permiso ya estaba caducado.
Desde las administraciones centrales ‘nos derivan de una instancia a otra, sin darnos respuestas concluyentes, e ignoran nuestras solicitudes de información a pesar del portal de transparencia’, afirma la Asamblea.
«Mientras tanto, la clase política de Cantabria que en su momento aseguraba que harían lo que fuera para que no se hiciera Fracking en Cantabria, no da los pasos correspondientes para solicitar la extinción de los permisos», agrega el colectivo.
Según la Asamblea, el Ayuntamiento de Valderredible podría estar cursando una serie de trámites ‘de los que no tenemos constancia, como exigir el archivo de los permisos caducados, solicitar los informes del mismo, o acudir al contencioso administrativo en caso de que no se cumpla la extinción’.
El Gobierno de Cantabria ‘podría solicitar la extinción de los permisos, simplemente alegando que se cumpla la ley. Aunque no parece que se estén acordando de esta problemática’.
En un comunicado, la Asamblea recuerda que se habló «de hacer una segunda ley que impidiese esta técnica, una ley que fuera más garantista que la primera, que fue tumbada por el Constitucional. Salieron en los medios de comunicación, pugnando por demostrar quién estaba más en contra del Fracking, pero a la hora de la verdad, la ley queda en el cajón, y lo que está en sus manos hacer a día de hoy, no lo hacen».
«Queremos un fin definitivo del «fracking» en Cantabria, y no pararemos hasta conseguirlo», sentencia el colectivo.
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