Aumentan las agresiones en el ámbito sanitario

El Colegio de Médicos de Cantabria contabilizó un total de 12 agresiones en el ámbito sanitario regional, lo que representa un 20% más con relación año anterior y según los datos recogidos en el Protocolo de Agresiones del Colegio de Médicos, la mayoría de los profesionales agredidos han sido mujeres (67%), en edades comprendidas entre los 26 y 35 años.

 

Igualmente, destacó que las agresiones en el sector público representaron un 92%, siendo mayoritariamente en el ámbito de la Atención Primaria (50%).

 

La secretaria general del Colegio de Médicos de Cantabria, María Angeles Herrera Puente, reiteró que las agresiones en su mayor parte son producidas por los familiares del paciente (58%) y destaca que el motivo de las agresiones es el desacuerdo en la atención médica (50%).

 

De las doce agresiones registradas, en el 67% hubo daños materiales y en cinco de ellas (42%) presentaron denuncia vía Protocolo de Agresiones del Colegio de Médicos y destacó que de los 12 casos, en ninguno de ellos se ha producido baja laboral.

 

Datos a nivel nacional

 

Por otra parte, a nivel nacional desde la Organización Médica Colegial (OMC) ha presentado los datos de violencia registrados en 2013 que ascienden a 354 casos frente a los 416 del año anterior, lo que supone una disminución del 15%.

 

Según la OMC, en cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, sigue siendo el público donde se producen la gran mayoría de este tipo de conductas violentas, con un 89% de los casos, mientras que en el sector privado se han producido el 11%, datos idénticos a los del año anterior. Y, sobre el ámbito donde se produce la agresión, sigue siendo la Atención Primera la que se lleva la mayor parte (56%), frente a la hospitalaria (27%).

 

De los agresores, el 25% de los casos son familiares del paciente, es decir uno de cada 4, porcentaje que ha disminuido respecto al año anterior que era uno de cada 3; el 25% son pacientes no programados, es decir, sin cita previa; el 34% son de pacientes programados y el 16% son usuarios del centro donde se producen las agresiones.

 

En cuanto a las acciones emprendidas desde los Colegios, en el 63% de los casos se efectuaron diligencias; en el 68% de ellas se presentaron denuncia y en un 59% se celebró juicio.

 

Asimismo, tras cuatro años del comienzo del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) revelan una prevalencia continuada de las mismas, a pesar de que los datos de los dos últimos años hayan disminuido en números absolutos y en porcentaje.

 

Tolerancia Cero

 

Según explicó Herrera Puente se mantiene el posicionamiento firme “ante las agresiones al personal sanitario, tolerancia cero”. Tanto el Colegio de Médicos de Cantabria como la OMC (a nivel nacional) está trabajando para que las agresiones a sanitarios sean consideradas como “violencia social”, y estudiando la consideración de delito contra la autoridad.

 

Igualmente, matizó que se está trabajando para que las agresiones sean penadas con los mismos criterios en todas las Comunidades Autónomas, tanto si el ámbito en donde se ejerce sea público o privado.

 

Explicó que ante esta situación se ha mantenido encuentros con los ministerios de Sanidad y Justicia; Consejo General del Poder Judicial; Fiscalía General del Estado; Oficina del Defensor del Pueblo y las Consejerías de Sanidad de las distintas Comunidades Autónomas.

 

En este sentido, valoró positivamente la presentación recientemente del Plan de Prevención y Atención ante Incidentes Violentos en el Ámbito Sanitario Público de Cantabria, lo que demuestra el acercamiento de los Colegios Profesionales con la Administración Sanitaria.

 

Por último, explicó que las actuaciones de desarrollo del Plan irán encaminadas, tanto a medidas de prevención primaria, que pasarán por una formación de los profesionales y adecuación de las infraestructuras, como a medidas de prevención secundaria, registrando los incidentes de violencia y constituyendo una Comisión de Seguimiento de violencia en el trabajo sanitario, para posteriormente elaborar el mapa de riesgos de cara a desarrollar actuaciones concretas ante los episodios violentos, tanto desde la Administración sanitaria como desde los Colegios Profesionales.