Cantabria registra en los últimos 13 años sólo 43 contratos bonificados para mujeres víctimas de violencia de género
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David Laguillo
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-Un informe de UGT aclara que la crisis y la creciente precariedad laboral han reducido las víctimas con empleo y derechos laborales
Cantabria registró 43 contratos de trabajo bonificados para mujeres víctimas de violencia de género entre los años 2003 y 2015, el 0,7% de los 5.874 contabilizados en España en el mismo período, según un informe elaborado por el departamento estatal de la Mujer de UGT con motivo de la conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se incluye en una campaña emprendida por el sindicato con el lema “UGT dice no a la violencia de género”.
El informe, presentado hoy en Madrid por el sindicato, aclara que, según las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), un 72% de estos contratos bonificados fueron temporales en el conjunto del país, porcentaje que se incrementa aún más en Cantabria, donde sólo se registró un contrato bonificado indefinido en los últimos 13 años (97% de temporales).
UGT precisa que “este escasísimo número de mujeres contratadas por violencia de género contrasta con el incremento de los casos y víctimas de la propia violencia de género en España en los últimos años” y “reafirma que acceden al mercado laboral en condiciones cada vez más precarias, lo que repercute directamente en un empeoramiento significativo de su situación de protección social (prestaciones por desempleo, cobertura por incapacidad temporal o enfermedad profesional…)”.
Al término del año pasado, había en Cantabria 316 mujeres víctimas de violencia de género perceptoras de la Renta Activa de Inserción (RAI), prestación por desempleo asistencial de poco más de 400 euros al mes. En España 34.695 mujeres víctimas de violencia de género eran beneficiarias de la RAI al cierre de 2015.
Tres contratos y 1.200 denuncias por año
Desde el año 2007, en Cantabria se acumula una media anual de cerca de 1.200 denuncias por violencia de género y de sólo tres contratos bonificados para mujeres que son víctimas de ella, que entraron en vigor con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en el año 2004 (antes se regían por las bonificaciones generales de todos los contratos de este tipo).
El informe de UGT recuerda que esta normativa incluye bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de 125 euros mensuales (1.500 euros al año) en los contratos indefinidos y de 50 euros mensuales (600 euros anuales) para los temporales, además de estipular una bonificación del 100% para los contratos de interinidad o sustitución que realicen las empresas cuando tengan que reemplazar a una mujer víctima de violencia de género, que tiene derecho a suspender o extinguir su relación laboral sin perder la prestación por desempleo.
Tanto en Cantabria como en España, al escaso número de contratos bonificados para mujeres víctimas de violencia de género, en su gran mayoría temporales, se une la reducida cifra de contratos bonificados para sustituirlas cuando se ven forzadas a suspender o extinguir su relación laboral o a recurrir a sus derechos de movilidad geográfica o de cambio de centro de trabajo.
Desde los años 2003 y 2015, en la región únicamente se han registrado 38 contratos de sustitución por motivos de violencia de género, el 2% de los 1.868 contabilizados en España.
Por ello, el informe del departamento de la Mujer de UGT reivindica “una revisión y una mejora” de las políticas activas de empleo destinadas a las mujeres que sufren la violencia de género; “políticas que tienen que estar encaminadas a generar más contratos y de más calidad”, puntualiza el sindicato.
El propio informe justifica esta reclamación de UGT porque “la crisis, los recortes presupuestarios y las reformas laborales confirman el descenso del número de mujeres que pueden hacer uso de estos derechos laborales y un empeoramiento significativo de su situación laboral y social, entre otros motivos, por un notable recorte de los recursos públicos destinados a la igualdad de género”.
En este sentido, el sindicato considera de por sí “insignificante e insuficiente” que se haya incrementado un 6,3% la partida presupuestaria para la igualdad de género en 2016, cuando en los cuatro años anteriores se redujo casi un 21%, un 47,9% si se compara con el año 2009, el último antes de la política de recortes y ajustes que se iniciaron en España por la crisis económica.
Un 40% más de acoso sexual o por sexo en el trabajo
El departamento de la Mujer de UGT, que reitera su reivindicación de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género “más necesario que nunca”, alude también en su informe al “incremento del acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral” experimentado en España desde el inicio de la crisis económica, que el Barómetro Cisneros de Acoso Laboral estima en más de un 40%.
Según las últimas estadísticas de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (Eurofound Fundation), utilizadas por UGT en su informe, en España se incrementa el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los centros de trabajo y, además, en uno de los países europeos donde menos se denuncian los casos de mobbing (trato hostil y vejatorio en el trabajo), ya que sólo un 8% de los casos son denunciados, la mitad que la media europea en el mismo concepto, un 14,9%.
UGT reivindica por ello en su informe “una cultura de tolerancia cero en las empresas contra todo tipo de violencia en el trabajo” y la implantación de una normativa internacional contra la violencia de género en el seno de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) respalda por el Gobierno español, tras destacar que, en el caso de la relacionada con el acoso sexual o por razón de sexo, “ya se han incluido recomendaciones específicas para prevenirla y combatirla” en los Acuerdos de Negociación Colectiva de 2015, 2016 y 2017 y en algunas grandes empresas del país.
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