Consumo recomienda a los afectados por el cierre de Dentix que recopilen documentación para mayor eficacia de sus reclamaciones
-En la imagen varias personas en la entrada del local de Dentix en Torrelavega
-La directora general, Odette Álvarez, propone la vía civil de las denuncias y la solicitud del historial clínico
Santander – 31.10.2020.- La directora general de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, Odette Álvarez, pone de manifiesto a los afectados por el cierre de la clínica dental Dentix, que recopilen la documentación contractual con esta empresa para hacer valer con eficacia sus reclamaciones, proponiéndoles que interpongan su reclamación por vía civil, que soliciten su historial clínico, a fin de que sean ellos los encargados de su custodia y, en su caso, que soliciten la cancelación del crédito vinculado que hubieran formalizado.
Álvarez, que ya ha tramitado desde el Servicio de Consumo 49 reclamaciones por el cierre de esta empresa, en defensa de los derechos de los consumidores, ha insistido en que para la correcta gestión de las denuncias “es muy importante conservar toda la documentación recopilada en la relación contractual con la entidad, como publicidad, folletos, presupuestos, contratos, justificantes de los pagos realizados, facturas e historia clínica”.
Diversidad de las denuncias
La directora general de Consumo ha reconocido que “la casuística de las denuncias puede ser muy variada, por lo que las vías de reclamación tendrán que ser diferentes”. Álvarez ha explicado que para quienes ya abonaron la totalidad o parte del tratamiento, o lo hicieron financiándolo con un préstamo personal, se recomienda presentar una reclamación ante la sede social de la empresa solicitando que se ejecuten los servicios contratados, que se finalicen los tratamientos que se hayan iniciado, o se proceda a la devolución de la parte no ejecutada de las cantidades abonadas si el tratamiento no hubiera finalizado o hubiera sido ejecutado de manera incorrecta.
En caso de que se hubiera procedido a contratar el tratamiento dental por medio de un crédito vinculado con alguna entidad financiera, Odette Álvarez aconseja reclamar judicial o extrajudicialmente ante la clínica el incumplimiento del contrato. “Si no se recibe respuesta -añade la directora general- deberá reclamarse a la propia entidad financiera la paralización del pago del préstamo, sin penalización alguna, así como la devolución de las cantidades que hubieran sido abonadas indebidamente, siempre que los servicios contratados con la clínica dental se hayan visto incumplidos o interrumpidos”. Odette Álvarez también ha recomendado acudir a alguna de las asociaciones en defensa de los consumidores para su asesoramiento.
La presentación del concurso de acreedores por parte de la cadena de clínicas dentales Dentix afecta a cientos de personas en España. También se informa que los reclamantes tendrán el plazo de un mes desde la publicación en el BOE del concurso de acreedores para comunicar al administrador del concurso su deuda.
En Cantabria las dos primeras denuncias se presentaron en enero y ya a partir de junio comenzaron a tener entrada en el servicio de consumo reclamaciones contra la tardanza en la realización de los tratamientos contratados, que en principio podían deberse a la situación creada por la pandemia del coronavirus.
La directora general de Comercio y Consumo, Odette Álvarez, ha mantenido reuniones con el presidente y vicepresidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cantabria, Francisco Mantecón y José del Piñal, respectivamente, y con el director de Ordenación, Farmacia e Inspección, Jorge de la Puente, con la finalidad de coordinar las tramitaciones de las denuncias en defensa de los afectados.
En el mes de octubre de 2020 se han mantenido varias reuniones entre el Ministerio de Consumo y los representantes de cada comunidad autónoma en la que se ha concluido que es necesario establecer criterios comunes para una tramitación similar de todas las reclamaciones en el territorio nacional, correspondiendo al Ministerio de Consumo la coordinación de las actuaciones para conseguirlo, y solicitar la modificación de la normativa vigente que impida que en el futuro vuelvan a ocurrir hechos similares.
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