“Mientras sigan existiendo anuncios de contactos, se estará contribuyendo a la normalización de esta actividad”, así de tajante se mostró el presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para después dar los pasos para ilegalizar “de facto” una actividad publicitaria estrechamente ligada a redes y mafias dedicadas a la explotación sexual, a través de la cual, indirectamente, se podría llegar a deducir que los medios de comunicación españoles se han estado lucrando durante décadas.

Los anuncios de prostitución, además, chocaban con diversas normas ya existentes, además de la nueva normativa que emanará del dictamen del Consejo de Estado encargado por el Ministerio de Igualdad. Así, la Ley General de Publicidad, en su artículo 3, dice que serán ilegales los anuncios que “presenten a las mujeres de forma vejatoria”, y muestren su cuerpo “como un objeto”.