Diego firma un decreto de austeridad y prioridad en el trabajo de las consejerías
- Cantabria
David Laguillo
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Se suprimirá el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la tasa sobre las bolsas de plástico
El Presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha firmado un Decreto en el que asigna tareas ‘prioritarias’ a las consejerías, y también establece unas directrices de austeridad que marcarán la acción de su Gobierno. Dichas tareas y directrices vienen recogidas en un Decreto del Presidente que ha sido enviado al Boletín Oficial de Cantabria (BOC) para su próxima publicación.
En su exposición de motivos, el Decreto explica que la difícil situación socioeconómica de Cantabria en el contexto actual de crisis y el deterioro de algunos servicios públicos esenciales para los ciudadanos exigen la adopción de una serie de medidas urgentes en el ámbito de actuación del Gobierno de Cantabria.
En cuanto a la organización de la Administración, Diego considera necesaria la reforma del sector público autonómico, simplificándolo, reduciendo el número de entes y organismos públicos, y dotándolo de mayor transparencia, austeridad y eficacia.
También se estima prioritaria la elaboración de un Plan de Racionalización del Gasto Corriente a cuatro años y, para favorecer el objetivo prioritario de la creación de empleo, se adoptará un conjunto de medidas que impulsen la inversión empresarial.
Auditorías de gasto y eficiencia
Entre las medidas generales establecidas por el Presidente, destaca la reducción y reorganización de la estructura de las distintas consejerías, así como del sector público empresarial y fundacional de la Comunidad Autónoma. Esto conlleva la reducción del número de altos cargos de cada departamento, tanto en los órganos administrativos como en el conjunto del sector público.
Del mismo modo, los consejeros fijarán medidas y objetivos de austeridad en el gasto corriente, eliminando o limitando aquellos medios materiales no estrictamente necesarios para el ejercicio de las funciones encomendadas. Para conocer mejor el estado actual de la Administración, los miembros del Gobierno encargarán auditorías de gasto y eficiencia que permitan obtener la máxima rentabilidad en la utilización de los medios disponibles, auditorías cuyos resultados se harán públicos.
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