El equipo de gobierno municipal se muestra en contra del recorte de las pensiones
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander (PP) anunció que se opone a la congelación de las pensiones anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una medida que, a juicio de los populares, «priva de derechos a más de 5 millones de pensionistas españoles». El portavoz del equipo de gobierno municipal, Eduardo Arasti, anunció que el grupo popular presentará una moción, para ser debatida y sometida a votación en el pleno ordinario de este mes, que se celebrará el próximo jueves, 27 de mayo, de rechazo al anuncio del Gobierno de congelar las pensiones. Arasti indicó que el anuncio de recortes en los derechos de los pensionistas que se propone llevar a cabo el Gobierno de Rodríguez Zapatero viene a romper el Pacto de Toledo, «una de las principales conquistas de nuestra democracia», informó el Ayuntamiento de Santander.
Arasti añadió que los recortes «privan de derechos a más de 5 millones de pensionistas y nos hacen retroceder a los tiempos en los que el Gobierno, según criterios de oportunidad y de conveniencia política, daba o negaba la revaporización de las pensiones y, por tanto, daba o quitaba poder adquisitivo a las debilitadas economías de los pensionistas», censuró el portavoz.
Además, el portavoz dijo que la propuesta del Gobierno central de congelar las pensiones producirá efectos indeseables de emprobrecimiento de los pensionistas y agregó que la experiencia indica que este tipo de medidas, combinadas con la elevación de los impuestos, y en especial del IVA, que el Gobierno incrementará en 2 puntos a partir de julio, generan problemas añadidos en el consumo y en el empleo. Por este motivo, avanzó que el grupo popular en el Ayuntamiento de Santander reclamará al Gobierno de la Nación que no congele las pensiones contributivas y solicitará que se convoque la comisión del Pacto de Toledo de manera urgente para que, en el seno de este órgano, todos los grupos acuerden las reformas necesarias para «garantizar la viabilidad y el futuro del sistema de Seguridad Social», dijo.
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