El Gobierno firma un calendario de ejecución de derribos de viviendas
- Cantabria
David Laguillo
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Diego afirma que el documento marca una «hoja de ruta adecuada» para cumplir con la legalidad y aportar «racionalidad, proporcionalidad y sentido común» a este problema
El Gobierno de Cantabria y los seis municipios afectados por sentencias de derribo, Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo, Piélagos y San Vicente de la Barquera, han firmado esta mañana la propuesta de ejecución temporal de las demoliciones que será entregada mañana a la jurisdicción contenciosa competente, propuesta que responde al compromiso que el presidente regional, Ignacio Diego, asumió nada más tomar posesión en el cargo para solucionar una problemática que afecta a cientos de ciudadanos cántabros.
Según informa el gobierno de Cantabria mediante un comunicado, el documento rubricado hoy no solo incluye un calendario para llevar a cabo los derribos que «necesariamente» se tienen que acometer, sino que al mismo tiempo plantea unos escenarios de posibles legalizaciones en aquellos casos que sean susceptibles de ello.
La firma la han puesto, por parte del Gobierno cántabro, el propio presidente, Ignacio Diego, y el consejero de Urbanismo, Javier Fernández. Por su parte, los ayuntamientos han estado representados por sus respectivos alcaldes: Juan José Barruetabeña (Argoños), Carmen Pérez (alcaldesa de Arnuero en funciones), Juan José Alonso (Escalante), Avelino Cuartas (Miengo), Enrique Torre (Piélagos) y Julián Vélez (San Vicente).
Responsables del ejecutivo cántabro afirman que el texto tiene un «enorme nivel de concreción», ya que analiza cada uno de los supuestos «municipio a municipio y vivienda por vivienda». Hay urbanizaciones afectadas que hoy en día se encuentran en el centro de los pueblos y sería «inexplicable socialmente» tener que derribarlas, por lo que el documento que mañana entregará en Las Salesas ofrece a los órganos judiciales posibles soluciones a esas viviendas.
En todo caso, Javier Fernández ha asegurado que son los jueces quienes tendrán «la última palabra» al respecto, mientras que el Ejecutivo y los diferentes ayuntamientos asumen en este caso el papel de «colaboradores» con la justicia «desde el respeto a la libertad e independencia de cada órgano».
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