El PRC enmienda a la totalidad el proyecto de ley para autorizar la universidad privada Funiber en Santander
- Cantabria
David Laguillo
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El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de ley presentado por el Gobierno de Cantabria para autorizar la instalación de la universidad privada Funiber en Santander, porque los regionalistas consideran que el proyecto no cumple los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Universidades y el resto de la normativa aplicable, según el portavoz del PRC Rafael de la Sierra.
En contra de lo manifestado esta semana por el consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, el portavoz regionalista cree que el Parlamento “no puede limitarse a valorar si se ha seguido el procedimiento establecido”, sino que debe analizar también “si se cumplen los requisitos exigidos”, lo cual no ocurre en este caso.
De hecho, cree que los “defectos” detectados en el expediente y “la falta de respuestas” del consejero a las dudas y reparos formulados por la oposición confirman las “serias dudas” del PRC sobre la viabilidad del proyecto. “Si todo acaba en un fiasco, lo cual no es descartable, las consecuencias serán muy negativas para Cantabria, tanto desde el punto de vista social, como económico, educativo y de imagen”, ha explicado.
Entre los “fallos” que ha detectado en el proyecto, destaca la ausencia de garantías que aseguren la financiación económica para mantener en funcionamiento la universidad y cada uno de sus centros durante un periodo mínimo y que aseguren la investigación.
Para Rafael de la Sierra, esta carencia no es “un mero problema de la empresa”, como ha dicho el consejero de Educación, dado que la nueva universidad se va a beneficiar “como mínimo de las especiales condiciones de compra de una parcela pública en el PCTCAN, que es patrimonio público y será abonada en 14 años”. Además, “la ley tiene en cuenta otros perjuicios derivados de la falta de solvencia, tanto para los alumnos que estén realizando allí sus estudios bien pagados, como para la universidad, la sociedad en su conjunto e, incluso, para la economía”.
Asimismo, ha señalado que el informe de la Conferencia General de Política Universitaria alerta de que las titulaciones previstas por la nueva universidad son en algunos casos idénticas a las que ya imparte la Universidad de Cantabria y hace hincapié en la ausencia de justificación de los objetivos y programas de investigación de las áreas científicas relacionadas con las titulaciones oficiales, como exige la ley.
También ha señalado la falta de estudios que justifiquen las previsiones de alumnos (2.560 el cuarto año), profesores (160 en total, lo que supone 11 por titulación y 3 por curso) e incluso aulas, ya que se prevén 28 y eso supone media para cada curso.
De la Sierra considera además que la instalación de Funiber en el PCTCAN supone “una ayuda encubierta” del Gobierno de Cantabria, en contra de sus manifestaciones sobre el nulo coste del proyecto para la Comunidad Autónoma, ya que la empresa realizará un desembolso de 2,5 millones de euros fraccionado en 168 pagos (14 años).
“Subsisten todas las dudas sobre la viabilidad del proyecto y persisten las certezas sobre el incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa, pero el Gobierno ha cerrado los ojos a estas carencias, pese a que son fundamentales para decidir si podemos reconocer y constituir la universidad”, concluye el portavoz del PRC.
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