El Gobierno de Cantabria, condenado por realizar contrataciones de forma «ilegal por fraudulenta»

El Gobierno de Cantabria, condenado por realizar contrataciones de forma «ilegal por fraudulenta»
El Gobierno de Cantabria, condenado por realizar contrataciones de forma «ilegal por fraudulenta»

El Sindicato Independiente de Empleados Públicos y Privados (SIEP) ha difundido hoy una sentencia del Juzgado nº 3 declarando que la práctica del Gobierno de Cantabria consistente en la contratación temporal de técnicos sociosanitarios por circunstancias de la producción para atender a alumnos con necesidades educativas especiales es «ilegal por fraudulenta».

SIEP denunció que durante el presente curso escolar (2015 – 2016) la demandada habría celebrado en torno a una quincena de contrataciones temporales bajo una modalidad que iría en contra de la normativa convencional y de principios laborales elementales con evidente ‘proceder fraudulento’ al acudir a una figura contractual que no ampararía la situación que se trata de abarcar y es objeto de contratación.

La entidad demandada argumentaba que el asunto no encontraría encaje en un expediente de conflicto colectivo al ‘no existir afectación general como colectivo de un grupo significativo de trabajadores’, sino que tendrían que acudir a un conflicto individual. El juez, sin embargo, estima que no es posible cuestionar que este conflicto afecta a 16 trabajadores de modo directo, pero de modo indirecto afecta a un colectivo de trabajadores, los técnico sociosanitarios, que estarían siendo contratados presuntamente ‘de modo irregular’ por la demandada con el consiguiente quebranto por ello. Existe una ‘afectación colectiva’ y una posible práctica empresarial que ‘pudiera vulnerar el ordenamiento’. Por tanto, el encaje procedimental es el adecuado.

Además, el magistrado considera que la demandada no resultaría especialmente compatible con el art. 49 de la Constitución, que afirma que “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

Por lo tanto, en la sentencia se estima que la demandada estaría obrando de modo ‘fraudulento’. La demandada tiene que cubrir unas necesidades educativas especiales y estas necesidades se vienen reiterando en el tiempo con ‘tenaz regularidad’.

‘No es defendible que en el presente curso se hayan disparado las necesidades, lo cual es cierto, para al amparo de este aumento justificar una serie de contrataciones que ocultan una realidad evidente: la Región precisa de técnicos que eduquen a niños con necesidades especiales y esta realidad se repite año tras año, como no puede ser de otra manera. El hecho de que en un curso concreto esta necesidad se incremente justificará una mayor contratación, pero no acogerse a una modalidad contractual que no es la específica para este tipo de situaciones, con independencia de cuántos niños requieran estos servicios y necesidades’.

La sentencia, que es recurrible, declara que la práctica del Gobierno de Cantabria consistente en la contratación temporal de técnicos sociosanitarios por circunstancias de la producción para atender a alumnos con necesidades educativas especiales es ‘ilegal por fraudulenta’. A su vez, se condena a la Administración demandada a formalizar este tipo de contrataciones en próximos cursos escolares mediante la contratación de interinidad (hasta la provisión reglamentaria de las oportunas vacantes).