La plantilla en huelga del servicio de diálisis de Cantabria se concentra ante Sanidad y exige su mediación
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David Laguillo
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UGT demanda judicialmente los servicios mínimos del paro indefinido iniciado en febrero y denuncia a la concesionaria a la Inspección de Trabajo
La plantilla de la empresa concesionaria del servicio de diálisis del Servicio Cántabro de Salud, Fresenius Medical Care, se concentró hoy en señal de protesta ante la sede de la Consejería de Sanidad a quien solicitó su mediación para resolver un conflicto laboral con una huelga general indefinida que se mantiene desde el pasado 1 de febrero.
Según precisó José María Fernández, responsable regional de Sanidad Privada de UGT, «es de justicia que la Consejería de Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud velen por el estricto cumplimiento de unas condiciones laborales adecuadas y ajustadas a la normativa legal de un servicio que están pagando con dinero público».
«La Consejería de Sanidad no puede mirar para otro lado y permitir que la empresa concesionaria siga incumpliendo los protocolos de trabajo, con ratios de un profesional por cada siete pacientes cuando el máximo son cuatro o con jornadas laborales maratonianas y doblaje de turnos» agregó Fernández, que matizó que «de por sí no se puede permitir que una empresa que cobra dinero público no se siente ni a negociar».
El portavoz de UGT aclaró que su sindicato ya ha demandado judicialmente los servicios mínimos «del 100%» decretados por la Consejería de Sanidad para la huelga general indefinida que inició la plantilla de Fresenius Medical Care el 1 de febrero y que también se ha denunciado la precaria situación laboral del servicio de diálisis a la Inspección de Trabajo «porque hay mucho que denunciar».
El sindicalista reiteró que la plantilla del servicio de diálisis de Cantabria, integrada por algo más de medio centenar de trabajadores «ya no ha podido aguantar una situación de precariedad laboral que viene de hace muchos años y que, lejos de solucionarse, ha ido a más hasta desembocar en una huelga general indefinida que nadie quiere pero que se ha convertido en la única alternativa».
«No es aceptable que una empresa concesionaria de un servicio sanitario público incumpla sistemáticamente la normativa laboral y los acuerdos que se alcanzaron en su momento y se niegue a negociar una y otra vez cualquier solución con la connivencia de la Consejería de Sanidad», concluyó el responsable regional de Sanidad Privada de UGT.
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