Los concursos de acreedores aumentaron en Cantabria un 60 por ciento, la mayoría de particulares
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David Laguillo
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Los de particulares crecieron un 120 por ciento, mientras que los presentados por empresas y empresarios disminuyeron un 30 y un 75 por ciento, respectivamente
Se practicaron menos lanzamientos que un año antes, tanto los que respondían a ejecuciones hipotecarias (-79%) como los que se debían a impago de alquileres (-65%)
Las demandas por despidos crecieron un 19 por ciento y las reclamaciones de cantidad de trabajadores a sus empresas, un 31 por ciento
El juzgado de cláusulas de Santander dictó 4.093 sentencias, el 97,9% de ellas estimatorias
Se registraron 7 procedimientos por ocupación ilegal de la vivienda, un 76 por ciento menos que un año antes
Santander, 13 de marzo de 2024.-
Los órganos judiciales de Cantabria recibieron durante el pasado año 2023 un total de 349 concursos de acreedores, lo que supone un aumento del 60,1 por ciento respecto a los ingresados durante el ejercicio anterior (218).
Son los concursos presentados por particulares, esto es, por personas naturales no empresarias, los únicos que aumentaron, y lo hicieron un 120,3 por ciento respecto a 2022, al pasar de 138 a 304.
Por el contrario, los concursos de empresas disminuyeron un 30,4 por ciento (de 56 a 39) y los de empresarios, un 75 por ciento (de 24 a 6).
A nivel nacional, la tendencia es similar, con un incremento del 114,2 por ciento en los concursos de personas naturales no empresarias y disminuciones del 22,9 y 27,7 por ciento en los de personas jurídicas y personas naturales empresarias.
Estos datos se recogen en el Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales, elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que hoy ha sido difundido con información relativa a la anualidad 2023.
Del mismo, también se desprende que en el periodo analizado disminuyeron un 66,3 por ciento los lanzamientos practicados, que fueron 151, frente a 448 de 2022, y lo hicieron tanto los debidos a ejecuciones hipotecarias (un 79,3 por ciento) como los que respondían a impagos de alquiler (un 64,9 por ciento).
A nivel nacional, también se observan descensos, aunque no tan acusados: se practicaron un 30,3 por ciento menos de lanzamientos que en 2022. De ellos, los de impago de hipoteca fueron un 38,2 por ciento menos y los de impago de alquiler, un 28,5 por ciento menos.
Por otro lado, los procedimientos por despido que llegaron a los seis Juzgados de lo Social de Santander aumentaron un 19,2 por ciento respecto a 2022, al pasar de 1.013 a 1.207, y las reclamaciones de cantidad crecieron un 30,6 por ciento, pasando de 1.714 a 2.239.
A nivel nacional, tanto despidos como reclamaciones de cantidad se incrementaron: un 16,1 y un 7,1 por ciento, respectivamente.
Además, el juzgado de cláusulas dictó 4.093 sentencias, un 122,9 por ciento más que un año antes, debido al refuerzo que tiene este juzgado, donde cinco miembros de la carrera judicial están colaborando para sacar adelante los procedimientos que se han ido registrando en este órgano desde su especialización en 2017.
De esas 4.093 sentencias, el 97,9 por ciento fueron estimatorias.
Por otro lado, los órganos judiciales de Cantabria recibieron 7 demandas por ocupación ilegal de vivienda, un 75,8 por ciento menos que un año antes. La tasa de demandas por ocupación ilegal de vivienda por cada 100.000 habitantes en todo el año se sitúa en Cantabria en 1,2, inferior a la registrada por la media nacional (4,3).
Finalmente, los juzgados registraron menos demandas de ejecución hipotecaria y menos procedimientos monitorios.
En el caso de las primeras, descendieron un 28,9 por ciento, al pasar de 192 en 2022 a 270 en 2023, en la misma línea que la media nacional, que registró un descenso de las ejecuciones hipotecarias del 21,5 por ciento.
Por su parte, los procedimientos monitorios en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios, pasaron de 10.388 a 9.882, lo que supone una disminución del 4,9 por ciento. Por el contrario, la media nacional registra un incremento de este tipo de pleitos del 11,2 por ciento.
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