Cantabria

Ciudadanos (C’s) defiende que se proteja a los delatores de las actividades corruptas

  • El candidato al Congreso, Carlos Pracht, señaló que los políticos no formarán parte de las mesas de adjudicación

El candidato al Congreso por Ciudadanos de Cantabria, Carlos Pracht, quiere reformar la Administración Pública y para ello, uno de sus principales objetivos es la lucha contra la corrupción.

Así, lo señaló durante su visita al Parlamento de Cantabria, junto al candidato al Senado, David Acosta, donde se reunió con los dos diputados de su partido, Rubén Gómez y Juan Ramón Carrancio.

“Los delatores anónimos de actividades corruptas e irregularidades ante una unidad de investigación y represión de la investigación estarán protegidos por el Estado de forma efectiva”, comentó Pracht. Además, se establecerán incentivos positivos para los denunciantes una vez que se compruebe la existencia de la corrupción o infracción mediante gratificaciones que puede pasar por una parte del dinero recuperado. Igualmente, se impedirá que el gestor público utilice los fondos de los contribuyentes contra el denunciante de la corrupción.

“Es necesario crear equipos multidisciplinares para luchar contra la corrupción por medio de inspectores de Hacienda, policías, fiscales y hacer efectivo el resarcimiento patrimonial o indemnización por los daños ocasionados al erario público”, incidió Carlos Pracht.

Asimismo, Ciudadanos considera la imputación formal como una causa de cese inmediato en los cargos de libre designación.

El partido naranja apuesta por modificar la Ley del Indulto, de tal forma que sólo se pueda llevar a cabo en hechos puntuales y en ningún caso aquellos ligados a la corrupción política, en contra de los informes técnicos del expediente o del criterio del tribunal sentenciador.

Para el partido naranja se debe reforzar las incompatibilidades, de modo que aquellas personas que hayan ocupado cargos públicos de relevancia no puedan durante un plazo prudencial trabajar para la empresa privada en los sectores en los que ha tomado decisiones durante su cargo público. Además, se debe eliminar que los jueces y fiscales pasen de cargos políticos a de libre designación en la justicia o fiscalía.

Otra necesidad para regenerar la política pasa por el hecho de que en las mesas de contratación no puede haber ningún político y deberán estar formadas sólo por técnicos que estudien el proyecto. “Deberán ser otros que adjudiquen las obras y servicios en base a la imparcialidad de la Administración y cumpliendo los criterios de concurrencia y publicidad”, comentó.

Para finalizar, de las actuaciones pasa por culminar el proceso de descentralización, revisando las competencias autonómicas y del Estado. “Esto supondrá que las Comunidades autónomas tienen que actuar con lealtad institucional hacia el Estado y no legislar iniciativas contrarias”, recalcó.

“Todo ello tiene que contribuir a desarrollar un código de buenas prácticas en la Administración pública”, remarcó.

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