Colectivos consideran que la nueva Ley del Suelo pondrá a Cantabria “a la cabeza del desorden territorial y la construcción generalizada en suelo rural”

Los colectivos que forman parte de la Iniciativa Cantabria Sostenible (ARCA, Cantabria no se Vende, Cantabristas y ahora también Madres Por el Clima, Red Cambera y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético) consideran que el suelo rural tiene un valor ‘positivo en sí mismo por su estratégica función de constituir el espacio dedicado a la actividad agraria, ganadera, forestal y de mantenimiento del medio natural’.

Estos colectivos han manifestado su oposición a la nueva Ley del Suelo de Cantabria y recuerdan que la región ‘viene orientando su política territorial en dirección contraria: atenuada la presión urbanística sobre la costa a raíz de la aprobación del Plan de Ordenación del Litoral, y con 859 sentencias de derribo todavía por cumplir’, se preenta la nueva Ley del Suelo “que plantea una huida hacia adelante expandiendo la construcción generalizada, desordenada y agresiva de viviendas que antes se diera en el litoral, a todo el interior de Cantabria”.

Cantabria Sostenible considera que con la nueva Ley la situación ‘se agravará aún mucho más, al convertir la anormalidad en ley: la indebida construcción de viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico se multiplicará por todo el interior de Cantabria, empeorando mucho más la ya anómala situación actual, arruinando la configuración espacial de nuestros pueblos, las mieses, los suelos protegidos, y los paisajes, hasta convertir a Cantabria, a diferencia de las demás comunidades, en una comunidad degradada e irreconocible por la construcción dispersa y desordenada por todo su territorio’.

Solicitan la retirada del actual proyecto de ley, la derogación de la ley del suelo de Cantabria del 2.012, por ser la ‘causante del grave deterioro que está sufriendo el suelo rural de Cantabria en los últimos 8 años’; la restauración de la ley del suelo de Cantabria del 2.001, por abordar el tratamiento del suelo rural con criterios de normalidad y sostenibilidad; limitar la construcción de viviendas a los suelos urbanos y urbanizables de los núcleos
existentes, y consensuar un modelo económico diverso, estable, sostenible y digno para Cantabria, que
considere al suelo rural en positivo y garantice su dedicación a la producción agroalimentaria,
ganadera, forestal y natural, evitando su destrucción por actividades inmobiliarias.

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