Denuncian presuntas irregularidades en promociones de viviendas protegidas de la Sociedad de Vivienda y Suelo

El partido Santander Sí Puede, liderado por el concejal Antonio Mantecón, ha denunciado este martes la existencia de ‘graves y numerosas irregularidades’, al menos, en dos de las promociones de viviendas protegidas de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS), la empresa pública de titularidad municipal del Ayuntamiento de Santander.

Mantecón afirma que la lista de ‘anomalías’ detectadas en las promociones de General Dávila y Peñacastillo Sur va desde ‘faltas en la terminación y diferencias con las memorias de calidades, desperfectos de todo tipo, problemas en la calificación, incumplimientos en la entrega de las viviendas y deficiencias en los plazos para licencias y permisos’, señala.

Además, el partido municipalista asegura haber ha encontrado un ‘posible trato de favor’ a particulares en el caso de la promoción de General Dávila, bajo la forma de venta de locales para transformarlos en viviendas, lo cual ‘podría originar plusvalías ilícitas a medio o largo plazo’.

El consejero del grupo mixto en la SVS y coportavoz de dicho partido, Roberto Mazorra, considera que una gran parte de las promociones llevadas a cabo hasta el momento podrían estar ‘conculcando principios básicos del derecho,’ además del cobro ‘indebido’ de los tipos de IVA: “La SVS es una empresa pública que, sin embargo, actúa como un promotor privado y con ánimo de lucro, lo cual es un contrasentido”.

Entre finales de agosto y durante el mes de septiembre de 2015 se entregaron la mayor parte de las 60 viviendas protegidas de General Dávila. Dichas viviendas tuvieron una calificación diferente a todas las viviendas protegidas promovidas por la empresa pública hasta ese momento, que eran viviendas de protección oficial (VPO) de régimen general (RG).

Las de General Dávila son viviendas de protección pública de régimen autonómico de Cantabria (VPP-RAC). Las VPP-RAC poseen una legislación básica específica, el Decreto 31/2004, que las diferencia en aspectos legales, fiscales y económicos. Por ejemplo, las VPO-RG tienen un precio máximo estipulado de 1.212 euros el metro cuadrado, aunque suele reducirse hasta quedar casi siempre por debajo de los 1.000 euros, mientras en las VPP-RAC es de 1.655 euros, precio definitivo en la promoción de General Dávila.

Para Mazorra, “uno de los primeros aspectos que constatamos fue la excesiva prisa con que se llevaron a cabo todas las certificaciones: el certificado de fin de obra se realiza el 10 de marzo, la licencia de ocupación el 29 de mayo y la licencia de actividad de los garajes el 30 de junio –emitidas estas dos últimas por el Ayuntamiento –.

La Consejería de Vivienda realiza la calificación definitiva de la obra al día siguiente, el 1 de julio, y se entregan las llaves de las viviendas el 3 de julio, unos pocos días antes del cambio de gobierno regional, realizado el 10 de julio de 2015.

El 3 de julio uno de los propietarios remite burofax describiendo los fallos y denunciando que la obra está inacabada, reflejando numerosos “defectos y faltas de terminación en garajes, trasteros, terrazas, tejados, cerramientos, cocinas, baños, puertas, techos, solados, falta de agua corriente, luz, caldera, ascensores, ausencia de señalizaciones de emergencia o de limpieza de la obra… . En septiembre no se había reparado nada y a día de hoy todavía no se han solucionado muchas de estas deficiencias”.

El caso de las anomalías detectadas en las 130 VPO de Peñacastillo Sur (C/ Carmen Bravo Villasante) podría ser “más sangrante” ya que se trata de viviendas certificadas y entregadas entre 2009 y 2010. Según Mazorra, “el informe pericial al que hemos tenido acceso indica patologías impropias de viviendas nuevas o de reciente construcción. A pesar de los numerosos escritos y denuncias, la SVS hizo caso omiso hasta que hubo una intervención judicial.

En diciembre de 2013 hubo acuerdo judicial entre las partes, estando presente la constructora (Ferrovial-Agromán). La SVS pagó los gastos judiciales y se comprometió a ejecutar las obras de reparación en el plazo de dos meses.

Sin embargo, dos años y cuatro meses después ‘todavía no se han realizado la mayor parte de las obras comprometidas’. En el informe pericial se describen “defectos graves en chimeneas, sumideros, cubiertas y paramentos, contadores, aislamientos, tuberías, fachadas, escaleras, ascensores, muros, evacuación de agua, cámaras bufa, ventilación, puentes térmicos, pavimento viviendas, pintura… valorados en cerca de setecientos mil euros”.

En opinión de Mazorra, “abaratar costes con las calidades y las terminaciones no puede tolerarse. No se trata de un problema de ejecución de obra sino de algo mucho más serio que podría constituir desviaciones presupuestarias destinadas a bolsillos ajenos. Por eso, vamos a solicitar una auditoría de todas las promociones de la SVS”.

Viviendas ‘a precio de locales comerciales’

Según Mazorra, una de las más graves irregularidades ha sido la ‘venta’ –cesión como parte del pago – de los locales comerciales de la promoción de General Dávila a la constructora de la obra, la unión temporal de empresas (UTE) Tecniobras-Fernández Rosillo.

“Existen indicios que demuestran un trato de favor por parte de la SVS al hacer la vista gorda y vender locales preparados para ser convertidos en viviendas, lo que ocasionaría un negocio redondo para las dos constructoras asociadas y posiblemente plusvalías ilícitas al vender dichos inmuebles como viviendas protegidas. Como ya expliqué en una de las reuniones del Consejo, las constructoras podrían recalificar los locales en viviendas porque lo permite el Decreto 31/2004 en su artículo 50.2 sobre régimen legal de los locales de negocio. Algo que no podrían hacer si fueran VPO en cualquiera de sus regímenes”, puntualiza Mazorra.

Para el consejero: “Uno de los motivos del cambio de régimen de las viviendas es la posibilidad de incrementar el precio de las mismas en una zona de expansión urbanística. El otro es la plusvalía generada por el cambio de uso ya que el precio del metro cuadrado de local comercial es mucho más bajo, aproximadamente en un 50%, que el precio para uso como vivienda”.

Mazorra considera que hay “indicios más que suficientes para sospechar” sobre las intenciones de la sociedad pública y los constructores. “Inicialmente, según el proyecto arquitectónico, la totalidad de la planta baja del edificio iría destinada a uso comercial. Según los planos de la obra, debería existir un tabique medianero revestido – con un mínimo de 15 cm de grosor – que divide y diferencia los usos diferentes de las viviendas y portales de los locales comerciales. En la zona ubicada de cara a Prado San Roque parte de ese tabique ha sido reemplazado por uno de pladur, lo que permitiría en un futuro habilitar una entrada a las viviendas. Lo cual es ilegal”.

“La existencia de ese tabique sorprendió inicialmente a algunos vecinos. Pero lo que definitivamente alertó sobre las probables intenciones de la SVS y de los constructores es la existencia de un plano con modificaciones de la planta baja o cero donde se señalan cuatro nuevas viviendas con sus respectivas divisiones y mobiliarios. Dicho plano está fechado en julio de 2014 y viene firmado por los mismos arquitectos que han diseñado el edificio en su totalidad. Es obvio que ningún arquitecto realizaría dichas modificaciones si no es por indicación de la constructora o de la SVS”, recalca Mazorra.

Las últimas noticias indican que inicialmente se ubicarán oficinas en dicha zona, mientras en el local que da a General Dávila se montará una pizzería. Según Mazorra: “El negocio de las viviendas tendrá que esperar a tiempos más propicios. Parece que se ha parado temporalmente y eso ha ocurrido por varios motivos. En primer lugar, los hechos eran conocidos por varios vecinos que lo trasladaron a dos de los consejeros de la sociedad, que lo denunciamos en varias reuniones del Consejo de Administración de la SVS. En segundo lugar, el cambio de gobierno regional, puesto que para la recalificación de los locales en viviendas es preceptiva la autorización de la D.G. de Vivienda”.

“Pelotazo urbanístico”

Para Roberto Mazorra, “parece que se pretende otro pelotazo urbanístico en pleno centro de Santander. Todo esto forma parte de un pack, si unimos la promoción de General Dávila, con los proyectos de Prado San Roque y El Pilón. Se trataría de una zona con una ubicación privilegiada donde, sin embargo, los propietarios de los inmuebles son familias humildes que no entienden de grandes negocios sino de permanecer en sus casas”.

Una empresa ‘privada con ánimo de lucro’

Si algo sorprende sobremanera cuando analizamos los expedientes de la empresa pública del Ayuntamiento de Santander es que todas las promociones son “privadas” y calificadas “con ánimo de lucro”. En opinión de Roberto Mazorra: “Es absurdo que una empresa pública realice promociones privadas con ánimo de lucro. Hay argumentos jurídicos y normativas de todo tipo, amen del propio funcionamiento de la sociedad, que avalan lo dicho. Por eso, estamos estudiando la posibilidad de presentar la oportuna demanda contra la SVS ya que dicha calificación comporta consecuencias en los afectados”.

Según Mazorra: “La mayoría de miembros del Consejo de la SVS, incluyendo al presidente y concejal de urbanismo, César Díaz, entienden que la SVS es una entidad privada y con ánimo de lucro. Esto es algo que se debatió en el consejo celebrado el pasado 15 de octubre de 2015.

En dicha reunión, Mazorra expresó que la SVS, con capital público 100%, ‘no puede tener ánimo de lucro’. Para que esto fuera así ‘tendría que repartir beneficios como cualquier sociedad anónima que se precie, ese es el fundamento del ánimo de lucro. Y, obviamente, la SVS no lo hace’. Por eso, cuando hice la pregunta ‘¿reparte beneficios la SVS?’, se hizo un silencio sepulcral.

Según la ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), se aplica un 10% del importe escriturado a la compra de viviendas, anteriormente era el 8%. Para Mazorra el tema está claro: “Si las viviendas fueran de régimen especial o de promoción pública, se les aplicaría un 4% (IVA súper-reducido). Como se trata de viviendas de promoción privada y régimen general o autonómico, pagan el 10%. Si un juzgado resuelve a favor, la aplicación del IVA súper-reducido implicaría la devolución del 6% del importe escriturado a todos los compradores de vivienda”.

“La SVS no cumple el objeto social a no ser que sea financiar a los constructores amigos del Ayuntamiento. Actualmente, los precios de las viviendas en el mercado libre tienen precios similares o más bajos y los tipos de interés son igualmente muchos más reducidos que los de viviendas protegidas. Además, en 2014 desaparecieron las subvenciones a promotores y a compradores de vivienda. En este contexto se hacen necesarios cambios en el funcionamiento y objetivos de la SVS. Por eso, desde Santander Sí Puede (Antonio Mantecón) promoveremos una reforma profunda de unos estatutos obsoletos para adaptarlos a la realidad social y legal”, finaliza Roberto Mazorra.