El Gobierno aprueba un convenio con Justicia para la elaboración y aplicación del mapa integrado de fosas

Tramitadas inversiones y ayudas por importe superior a 14,6 millones:

La Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre) tiene como objetivo “cerrar heridas en los españoles y dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la Guerra Civil o la represión de la Dictadura”.

Dicha Ley pretende dar reparación a las víctimas; consagrar y proteger, con el máximo vigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de la plena ciudadanía democrática; fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado.

Para contribuir a satisfacer la “lógica demanda” de las personas que ignoran el paradero de sus familiares desaparecidos y muertos, la Ley señala que las administraciones elaborarán y podrán a disposición de los interesados mapas en los que consten los terrenos en que se localicen restos, incluyendo toda la información complementaria.

Para ello, este convenio pretende establecer unos parámetros comunes en las actuaciones que vienen realizando las administraciones para la localización de los desaparecidos.

Además, establece canales regulares y estandarizados para el traslado de la información al Ministerio de Justicia, con el objetivo de nutrir el mapa de todo el Estado y de logar una base de datos que incluya información sobre la ubicación, el tipo de fosa, las intervenciones realizadas, datos de las personas que se encuentran en ella o de los restos no identificados, así como de la las fuentes de información y de la ubicación del expediente original.

El Gobierno ha aprobado la primera addenda al convenio con el Centro Nacional de Información Geográfica por importe de 60.000 euros para la realización Plan Nacional de Actuación de las Delimitaciones Territoriales en Cantabria.

Esta addenda especifica el plan de trabajo para el año 2009, que supondrá la revisión y mejora técnica de las líneas límite entre diversos municipios, sin que suponga modificación de las mismas. Cuando a raíz de la revisión aparezcan discrepancias entre los ayuntamientos implicados sobre la ubicación de los mojones, se interrumpirá el reconocimiento, iniciándose por parte de los ayuntamientos, si así lo estiman oportuno, el trámite previsto en la normativa vigente.

La Dirección General de Administración Local se ocupará de la coordinación de este trabajo y de la difusión del mismo a los ayuntamientos.

En virtud de esta addenda se actualizarán los límites municipales entre Arredondo y Soba, Ruesga, Calseca, Miera y Riotuerto; entre Ruesga y Soba, Riotuerto, Entrambasaguas, Solórzano, Voto, Rasines y Ramales; entre Riotuerto y Miera, Liérganes, Medio Cudeyo y Entrambasaguas; entre el municipio de Solórzano y los de Ribamontán al Monte, Hazas de Cesto y Voto; entre Hazas de Cesto y Ribamontán al Monte, Meruelo, Escalante, Bárcena de Cicero y Voto; entre Entrabasaguas y Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo y Ribamontán al Mar; entre Voto y Bárcena de Cicero, Colindres, Limpias y Ampuero; entre Ampuero y Rasines y, por último, entre el municipio de Meruelo y Ribamontán al Monte, Bareyo, Arnuero, Escalante y Rasines.