El gobierno de Cantabria retirará la tarjeta sanitaria a casi 5.000 extranjeros en situación irregular

El Gobierno de Cantabria, a través de un comunicado, ha confirmado que acatará la normativa nacional y retirará, a diferencia de otras comunidades autónomas también gobernadas por el PP, la tarjeta sanitaria a 4.923 extranjeros en situación irregular por no tener la condición de asegurado. Este proceso, señala el comunicado, comenzará a partir de la próxima semana.

Pese a esta retirada, el ejecutivo presidido por Ignacio Diego asegura que garantiza que ‘ninguno de ellos va a quedar sin atención sanitaria’ básica cuando lo precise.

El Servicio Cántabro de Salud adoptará esta medida en aplicación del Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos, después de haber verificado los datos contrastando la información de la base de datos de tarjeta sanitaria con la suministrada por el Ministerio de Sanidad y resuelto las incidencias para obtener una foto fiable de situación, como anunció la vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga.

Tras cotejar esta base de datos se han identificado 4.923 titulares de tarjeta sanitaria que, según la normativa, no tienen la condición de asegurado, por lo que serán dados de baja en la base de datos de tarjeta sanitaria del Servicio Cántabro de Salud, en la que están registrados 536.301 españoles y 32.268 extranjeros.

Tras su baja en el registro de tarjeta, los extranjeros en situación irregular tienen garantizada la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente cualquiera que sea su causa hasta el alta médica y las mujeres por embarazado, parto y posparto, que representan el 3,5 por ciento de los casos.

El gobierno afirma que la asistencia sanitaria está garantizada en todo caso para los 952 menores de 18 años extranjeros contabilizados en Cantabria -se suman a los 4.923-, que la recibirán en las mismas condiciones que los asegurados, y que se garantiza la prevención y control de enfermedades infecciosas y transmisibles, puesto que se trata de programas de salud pública con carácter poblacional, y la continuidad de los tratamientos de enfermos crónicos que hubieran comenzado antes del 1 de septiembre.

Fuera de esos supuestos, la asistencia sanitaria está sujeta a facturación, ya que, para quienes no estén cubiertos por el Sistema Nacional de Salud, es de aplicación lo previsto por la Ley General de Sanidad de 1986. Esta facturación debería girarse, según el ejecutivo, al país de origen o al propio paciente.