Ganemos Santander Sí Puede exige la derogación de la Ley Mordaza

El pasado 8 de Marzo, nueve meses después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida por Ley Mordaza, aparecían en diversos medios de comunicación los datos de las sanciones tramitadas desde su entrada en vigor, en las diversas comunidades autónomas.

Entre el 1 de julio de 2015 y el 28 de enero de 2016, la Delegación del Gobierno en Cantabria dio luz verde a 3.320 expedientes sancionadores, lo cual equivale a 551 multas por cada 100.000 habitantes –más del doble de las interpuestas en Castilla y León (213), la comunidad autónoma que sigue a Cantabria en este ranking, según los datos del propio Ministerio de Interior –.

Nos llama poderosamente la atención que sea nuestra Comunidad Autónoma la que tenga el dudoso honor de encabezar esa lista, y con una diferencia de 338 sanciones más que la que ostenta el segundo puesto. ¿Los cántabros infringen más la Ley Mordaza o es que aquí se está sancionado con más virulencia que en otras partes del Estado?”, comenta Antonio Mantecón.

Y es que para el edil santanderino es ‘inexplicable’ que una Delegación de Gobierno que ‘presume’ de los bajos índices de criminalidad de este territorio, por otro lado, de luz verde a esa cantidad de sanciones. “Quizás el problema es que las coordenadas que marcan los límites de lo que es y no es delito para este delegado de gobierno y su partido político, impulsor de dicha ley, sean diferentes a las del común de los mortales”, afirma Mantecón.

En una moción profundamente crítica con la Ley Mordaza y con la gestión que se está haciendo de dicha legislación, Ganemos Santander Sí Puede denuncia que el gobierno español ha hecho ‘caso omiso’ de las observaciones y denuncias de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Naciones Unidas ha exhortado al ejecutivo español a derogar la Ley de Seguridad ciudadana argumentado, y citamos textualmente, que ‘amenaza con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos’ y que ‘los derechos de manifestarse pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”, argumentan desde el partido.

Para mí y mis compañeros es una auténtica vergüenza que la OSCE, el organismo oficial europeo que vigila las libertades de los países que desean corroborar su calidad democrática, tenga que pedir al gobierno de nuestro país que se garantice el pleno respeto a la libertad de reunión pacífica de acuerdo con compromisos de dicho organismo, y otras normas internacionales de derechos humanos. Estar incluidos en la lista ‘negra’ de los países sin libertad y el único en el mundo que no admite inspecciones, solo refleja la actitud antidemocrática un gobierno más preocupado en controlar la voz crítica de la ciudadanía que de solucionar la corrupción endémica que lo corroe y que ha llenado de indignación a los españoles”, en palabras de Antonio Mantecón.

Mediante la iniciativa presentada en el Ayuntamiento buscaran “el consenso de todos los grupos” para instar a la Delegación del Gobierno a que proceda de forma inmediata a “ofrecer a la ciudadanía las explicaciones pertinentes” acerca de los motivos que según ellos acrediten esos datos, ya que “no lo han hecho en los medios de comunicación”.

De la misma forma, solicitan al gobierno del Estado la derogación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, así como de la última Reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dentro de las propuestas de la moción, que se debatirá el día 31 de este mes en el pleno de Santander, también se insta a todos los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados a firmar un pacto de estado para la defensa de las libertades y los derechos civiles.

Es imprescindible que se solicite una amnistía social para las personas sancionadas por defender sus derechos, y así lo plantearemos en el pleno. No son delincuentes, más bien son otros que todos conocemos. Y opinar y luchar por recuperar nuestros derechos, no es delito”, asevera Antonio Mantecón.