Gorostiaga llama a las empresas de servicios y a las personas dependientes a la “colaboración leal y transparente” para sacar el Sistema adelante “entre todos”

Dolores Gorostiaga, en la sede de CEOE-CEPYME con los responsables de ACESDE  (Foto: Lara Revilla) Según informa el gobierno de Cantabria, la Vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, se ha reunido hoy, en la sede de CEOE-CEPYME de Cantabria, con los responsables de la Asociación Cántabra Empresarial de Servicios a las Personas Dependientes (ACESDE), a quienes ha trasladado un “llamamiento a la colaboración leal y transparente”, porque, ha afirmado, “este sistema de protección o lo construimos entre todos o no lo sacamos adelante”.

En este sentido, ha expresado la necesidad de construir “un sistema planificado en el que los recursos, tanto en su ubicación como en su intensidad, se adecuen a las necesidades de la población”. Para ello, ha expresado la necesidad de ser “transparentes en la gestión y promover espacios de encuentro” para “seguir colaborando con lealtad en el desarrollo normativo que mejore el sistema, en lo que la Consejería de Empleo y bienestar Social va a esforzarse por avanzar en ese camino”.

Dolores Gorostiaga ha afirmado que Cantabria encabeza la aplicación de la Ley de Dependencia, ya que es “la primera Comunidad Autónoma en número de personas atendidas por cada 100 habitantes”, que ha sido posible gracias a un importante esfuerzo presupuestario, de organización y de gestión del Ejecutivo regional, así como el desarrollo normativo que hiciera posible el reconocimiento de la situación de dependencia como el derecho a las prestaciones del sistema.

En este sentido, ha afirmado que Cantabria fue, además, “la primera Comunidad que reguló el procedimiento administrativo, la acreditación de centros y el copago”, apostando por un Sistema “universal para todas las personas”.

Retos de futuro

Para la Vicepresidenta del Gobierno y responsable de la aplicación de la Ley de Dependencia existen “tres grandes retos de futuro”. Por una parte, proseguir con el desarrollo de la ley conforme al calendario de implantación -el 1 de enero del 2011 entran en derecho las personas valoradas en Grado 1 Nivel 2, y en 2013 lo hace el Grado 1 Nivel 1-.

A este respecto, Gorostiaga ha asegurado que el Gobierno de Cantabria es “contrario a las voces que apuestan por suspender el desarrollo de la ley argumentando que la crisis económica la hace inviable”, ya que, en su opinión, se trata de “una visión miope de la realidad, de quienes ven a las políticas sociales como política de gasto y no como una inversión con importantísimos retornos sociales y económicos”.

En segundo lugar, Gorostiaga ha señalado que es necesaria una profesionalización del sector y el reconocimiento social de la actividad de cuidado, lo cual pasa -como requisito necesario, aunque no suficiente- por la mejora de las condiciones de trabajo, lo que está ligado entre otras muchas cosas con la financiación del Sistema.

Asimismo, la Vicepresidenta ha afirmado que la “auténtica apuesta de futuro es la calidad”, que pasa por contar con “profesionales bien formados y adecuadamente retribuidos” que presten “cuidados de calidad y atiendan las necesidades personales básicas, terapéuticas y sociales de las personas con total respeto a sus estilos de vida y preferencias, con una intervención sustentada en la evidencia de que lo que hacemos mejora las condiciones de vida de las personas, promueve su autonomía y las hace más felices”.

Financiación

Respecto al debate acerca de la sostenibilidad del Sistema de Atención a la Dependencia que se está produciendo en los últimos tiempos, Dolores Gorostiaga ha realizado un repaso del coste de la aplicación de la Ley en Cantabria.

En este sentido, ha señalado que el coste de los servicios y prestaciones de la ley de Dependencia en 2010 se estima que ascenderá a unos 100 millones de euros, sin incluir los gastos de personal, de gestión, ni mantenimiento de los centros del Gobierno. De esos 100 millones, aproximadamente 26 millones los va aportar la Administración General del Estado y otros 18 o 19 millones los aportarán las personas usuarias.

En definitiva el coste neto va ser, tal y como ha explicado la Vicepresidenta, de unos 55 millones de euros, lo que representa el 2,2% de los presupuestos del Gobierno de Cantabria. A esto habría que añadir los retornos económicos del Sistema; es decir, los retornos en forma de IVA, en forma de IRPF, en forma de ahorro en prestaciones por desempleo, etc.

Por ello, la Vicepresidenta ha asegurado que “la sostenibilidad del Sistema no está en cuestión, lo que hace insostenible el sistema es la falta de voluntad para ponerlo en marcha”.

Gorostiaga ha recordado que, desde que entró en vigor la Ley de Dependencia, el presupuesto de los Servicios sociales ha crecido un 87,5% -más de 85 millones de euros- y, teniendo en cuenta que el coste de la dependencia en Cantabria es de unos 55 millones, “no es cierto que la Dependencia esté secuestrando recursos de otras prestaciones de Servicios Sociales”.