La Unión propone una Ley de Decencia Administrativa para evitar más casos como el de Amparo Pérez
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David Laguillo
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- La vivienda de Amparo Pérez ha sido expropiada para ejecutar el vial S-20 en Las Llamas
- La familia de la anciana ha denunciado la injusticia de la situación
- Rafael Sebrango (LU) denuncia que existe un «robo legal» al ciudadano
“Cantabria y Santander necesitan una Ley de Decencia Administrativa”, defienden en LA UNIÓN (LU), y anuncian que en la próxima Legislatura, tramitarán en el Parlamento Regional esta Ley, destinada a “impedir los continuos atropellos de la Administración al ciudadano”, que aclaran “actualmente son injustos, pero legales”.
“Casos como el de Amparo”, señaló Rafael Sebrango, Presidente de la formación política, “jamás se volverán a repetir gracias a la Ley de Decencia Administrativa”.
En Cantabria, tanto el Gobierno Regional, como en este caso el Ayuntamiento de Santander, hacen que “la misma vivienda, para cobrar impuestos, vale el doble o el triple, que lo que vale para ser expropiada”.
“Es injusto, es indecente, pero es legal, y eso se tiene que acabar ya”, indicó, y “a eso nos comprometemos”.
El caso de Amparo, en Santander, expropiada su vivienda por un valor varias veces inferior al real, “no es único.”
Pero, para LA UNIÓN (LU), por cuantía, el “mayor problema le tenemos en el Gobierno Regional”. En relación a los impuestos propios del Gobierno de Cantabria, éste, acusó Sebrango, está comportándose como un “salteador de caminos”.
Obliga al ciudadano a pagar impuestos “valorando los bienes por el doble, y hasta por el triple de valor real”, denunció.
Esto se refleja con mayor intensidad en “las compraventas entre particulares de coches de segunda mano, y de viviendas”, y además, añadió, tiene especial incidencia “en las herencias, donde ya no es raro renunciar a la misma para no pagar un impuesto inflado por el Gobierno Regional”.
“La picaresca” que usa el Gobierno Regional, es la llamada “comprobación de valores”, por la cual “una simple tabla multiplicadora” es la que decide el valor del coche o de la vivienda, “con absoluto desprecio al valor real”.
A través de este sistema, el impuesto sobre transmisiones, y sobre sucesiones, “se multiplica varias veces por su valor justo y real”, no quedándole más remedio al ciudadano que quiera luchar, que “contratar a un Perito, un Abogado, pagar la tasa judicial, y meterse en un pleito interminable con la Administración”.
Y cuando se trata de una expropiación, cuando es la Administración la que tiene que pagar, “la tabla es divisora”, y los bienes “reciben un valor ficticio”, dos o tres veces, como mínimo, inferior al valor real, aunque “hemos detectado casos en los que el valor es 10 veces inferior al real”.
“Ya son habituales los casos de familias que renuncian a la herencia de sus padres o de sus abuelos”, y ello, acusan desde LA UNIÓN (LU) “por la avidez del Gobierno Regional, que no duda en engañar a la gente, inflando el valor real de las viviendas a la hora de cobrar el impuesto”.
“El nivel de sinvergonzonería de nuestra Administración Pública es alarmante”, denunció Sebrango, “su picaresca hace el milagro de transformar el valor real de una vivienda, elevándolo o disminuyéndolo a su antojo”, y ello “dependiendo de si le toca pagar o le toca cobrar a la Administración”.
“Acabaremos con esta práctica de fraude”, finalizan en LA UNIÓN (LU), “no sostendremos más una Administración conjurada para el robo legal al ciudadano”.
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