Los consumidores reclaman que Cantabria se posicione contra el ‘impuesto al sol’
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David Laguillo
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- José Manuel Soria, dimitido por su vinculación con el caso de las sociedades en Panamá, fue el ministro que aprobó el polémico «impuesto al sol»
- La asociación reclama que el Gobierno se sume a la iniciativa de otras comunidades solicite una prórroga para el registro de los paneles solares
La Unión de Consumidores reclama que Cantabria se posicione contra el ‘impuesto al sol’ y que se sume a la prórroga que ocho Comunidades Autónomas españolas han solicitado al Ministerio de Industria para ampliar el plazo de registro de los paneles solares, que venció el pasado 11 de marzo.
Numerosas instalaciones de autoconsumo –paneles para aprovechar la luz solar- no están inscritas en el registro oficial que preveía el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por lo que quedarán en situación irregular con el riesgo de ser sancionados con multas de elevada cuantía.
El controvertido impuesto ha sido objeto de impugnaciones ante diversos organismos por varios colectivos afectados por la nueva regulación, que también ha levantado críticas de organizaciones ecologistas y de consumidores así como de partidos políticos.
En la actualidad existen varios procedimientos contra el Gobierno de España, y el propio Parlamento europeo investiga este supuesto para determinar si se contraviene la normativa comunitaria.
La Unión de Consumidores considera que cobrar un peaje por el autoconsumo de energía fotovoltaica es una injusticia y una medida perniciosa para el desarrollo energético del país y de las energías limpias, además del perjuicio que supone a los ciudadanos y a la imagen de España como país.
A su juicio, la inseguridad jurídica que ha provocado a los afectados aconseja, cuando menos, que se amplíe el plazo de inscripción de los paneles solares en el registro oficial. Por ello, la asociación reclama que el Gobierno de Cantabria se sume a otras comunidades que ya han solicitado dicha prórroga.
Asimismo, pide al ejecutivo cántabro que defienda activamente la democratización de la producción eléctrica y favorezca el desarrollo de un modelo energético distinto -de aprovechamiento de energías limpias frente a combustibles fósiles-, que facilite la producción por los particulares y su vertido a la red. Un sistema que se desvincule del actual oligopolio y que no abandone la producción energética en manos de unos pocos operadores.
La Unión de Consumidores exige que no penalice y castigue al ciudadano que, confiando en la legislación anteriormente vigente, hizo inversiones por las que ahora se le penaliza.
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