Mediavilla asegura que el «consenso» es la «clave» para conseguir una Justicia más eficaz y eficiente
- Cantabria
David Laguillo
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El consejero de Justicia ha participado en un encuentro organizado por el Consejo General del Poder Judicial que se celebra en La Coruña
El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Vicente Mediavilla, ha defendido hoy que el «consenso» entre las administraciones públicas con competencias en materia de Justicia y los operadores jurídicos es la «clave» para conseguir mejorar la prestación de este «servicio público esencial».
«La Justicia no es competencia exclusiva de nadie», ha enfatizado, por lo que ha resaltado la «trascendencia» que tiene en la gestión de este ámbito en Cantabria el Consejo Asesor de Justicia, órgano en el que se deciden, con la participación de todos los implicados en la Administración de Justicia, las líneas de actuación y que está permitiendo que «entre todos se esté consiguiendo una Justicia más eficaz y más eficiente».
El titular de Justicia ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el encuentro ‘Calidad y Eficacia de la Justicia. Un objetivo imprescindible’, que se celebra hasta el próximo viernes en el pazo de Mariñán, en el municipio coruñés de Bergondo, bajo la organización del Consejo General del Poder Judicial.
En concreto, Mediavilla ha participado, junto a otros dos responsables autonómicos del ramo- Alfonso Rueda, consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia y José Miguel Ruano, consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias-, además de Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ, en una mesa redonda en la que se han abordado las ‘Modificaciones organizativas y tecnológicas precisas para una Administración de Justicia más eficaz: una visión de las Comunidades Autónomas’.
El consejero ha destacado que el Decreto por el que se creó el Consejo Asesor, del que forman parte el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Fiscalía Superior, los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales y los representantes de los empleados públicos, es anterior a la asunción efectiva de las transferencias, constituyendo la «primera decisión» del Gobierno de Cantabria. Algo, que, ha resaltado, denota que el Ejecutivo autonómico «tuvo claro desde el primer momento la importancia de la colaboración y la implicación de todos quienes tienen alguna responsabilidad en el ámbito de la Administración de Justicia».
Plan de modernización
Por otro lado, el consejero ha destacado que este mismo órgano suscribió, «con absoluto consenso», el Plan de Modernización de la Administración de Justicia en Cantabria, que «sienta las bases» y «establece de forma rigurosa» cuál ha de ser el futuro de la Justicia en la Comunidad Autónoma y las actuaciones «precisas» para alcanzarlo, siguiendo cuatro «ejes estratégicos»: modernización tecnológica, sedes judiciales, gestión y personal.
Cada una de estas áreas tiene un plan específico de actuaciones que, igualmente, son consensuadas en el marco del Consejo Asesor. «Queremos una Administración de Justicia que responda no a los criterios únicos del Ejecutivo, sino que incluya los de los operadores jurídicos que son, en definitiva, los encargados de procurar esa mejora en el servicio que todos deseamos», ha dicho al respecto.
Uno de los «objetivos esenciales» en el diseño de la nueva Administración de Justicia es el programa de gestión procesal ‘Vereda’, que supone, según ha destacado el consejero, «la mayor apuesta por el futuro de la Justicia en Cantabria». En este punto, el titular de Justicia ha asegurado que en 2011 será posible la teletramitación en el seno de la Administración de Justicia autonómica.
«Jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, graduados sociales y personal al servicio de la Administración de Justicia serán los protagonistas de la transformación absoluta que posibilitará el proyecto ‘Vereda’, capaz de crear una estructura con órganos plenamente comunicados, accesibles, que trabajarán sin disfunciones y salvaguardando todas las garantías procesales», ha subrayado Mediavilla.
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