Piden al Fiscal General el cese de la Fiscal Jefe de Cantabria
- Cantabria
David Laguillo
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El Secretario General de USO en la Comarca Saja-Besaya, Justino Sánchez Gil, ha pedido por carta al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce Lifante, el cese de la Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Teresa Calvo García, por las ‘reiteradas actuaciones’ en contra de los derechos de los trabajadores.
Sánchez Gil argumenta que en agosto del año 2008, la plantilla de la Policía Local de Torrelavega inicia una serie de actuaciones con el fin de reclamar mejoras salariales. Una de las actuaciones que lleva a cabo la plantilla de agentes fue personarse en el Ayuntamiento de Torrelavega con el objeto de llamar la atención del equipo de Gobierno cara a lograr sus reivindicaciones en el orden laboral.
Durante este acto, que consistió en entrar con bocinas y silbatos en el interior de las instalaciones municipales, el alcalde en funciones (PSOE) decretó el cierre de las instalaciones consistoriales, poniendo posteriormente los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. Se da la circunstancia que la comunicación se efectuó directamente a la Fiscal Jefe y no a la Fiscalía de Torrelavega que era la competente por razón de territorio.
La Fiscal Jefe formuló acusación en vía penal contra 31 agentes de policía local de Torrelavega por un presunto delito de alteración de orden público. Con posterioridad, la Corporación municipal de Torrelavega, reunida en sesión plenaria, acordó no personarse en el procedimiento judicial al entender que se trataba de una reivindicación laboral y que no se habían producido ni daños ni alteración grave del orden en un edificio público. A pesar de ello, la Fiscal Jefe continuó el procedimiento de oficio.
Meses más tarde, el juzgado competente en primera instancia, Juzgado de Instrucción Nº 1 de Torrelavega, dictó un Auto (36/2009) desestimando con meridiana claridad todos y cada uno de los argumentos que la Fiscalía había utilizado para reprimir lo que el propio Juzgado determinó que se trataba sólo de una protesta laboral. Aún así, estando la disputa sindical sin concluir – no hay que obviar que el hecho de tener un procedimiento penal abierto a 31 funcionarios públicos supone un factor negativo a la hora de mantener las reivindicaciones laborales – la Fiscalía recurrió el Auto de Sobreseimiento ante la Audiencia Provincial de Cantabria. Esta Audiencia cerró definitivamente el caso con otro Auto de Sobreseimiento en los mismos términos que el Juzgado de Primera Instancia referido anteriormente (432/09).
Ante estos hechos, los partidos políticos presentes en la corporación municipal, excepto el PSOE, reaccionaron de manera muy crítica con la actuación de la Fiscal Jefe.
El sindicalista recuerda también que en junio de 2008 se produjo un conflicto laboral que afectó al servicio de recogida de basuras de Torrelavega. En el desarrollo de la huelga que se llevó a cabo y cuya duración se extendió durante 27 días, los trabajadores, en el ejercicio de sus derechos laborales, llevaron a cabo diversas actuaciones. Estas actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía por parte de la alcaldesa en esos momentos, Blanca Rosa Gómez Morante (PSOE).
La respuesta de la Fiscalía fue rápida y se formuló acusación contra 9 trabajadores y un asesor sindical por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra los bienes. La Fiscalía solicitó un total de 3 años y medio de cárcel para cada uno de los imputados y una multa e indemnización solidaria por un importe total de 116.731 euros.
Tanto el Ayuntamiento (con el voto en contra de los representantes del PSOE) como la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras, presuntos perjudicados según la Fiscalía, desistieron de presentarse como acusación y ni siquiera como perjudicados. Y sin perjuicio de lo anterior, la Fiscal Jefe continuó manteniendo de oficio las acusaciones contra los trabajadores.
Dictada sentencia – tras cinco años de proceso, con el consiguiente daño moral a los afectados y sus familias – una vez celebrada la vista, por el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Santander, éste concluyó que «no hay indicio alguno ni pruebas que conlleve a considerar que los encausados son autores de los hechos» los cuales lo único que hicieron, en palabras del Juez fue «ejercitar su derecho a la huelga».
A la vista de lo anteriormente expuesto, USO considera ‘suficientemente acreditado’ que la Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, María Teresa Calvo García, ha ejercido sus funciones de forma ‘arbitraria, injusta y perjudicial’ contra los trabajadores, razón por la cual este sindicato solicita el cese de la misma, al haber quedado ‘en entredicho’ la independencia e imparcialidad necesarias para el ejercicio de su cargo, según establece el artículo 124 de la Constitución Española, informó USO en un comunicado.
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