Un 70% de los parados y un 17% de los ocupados de Cantabria están en riesgo de pobreza y exclusión social

-El Instituto para la Cooperación (ISCOD) de UGT distribuirá en las empresas de la región 5.000 guías para promover la Agenda 2030

Manifestación del 1 de mayo en Santander (C) Archivo CANTABRIA DIARIO
Manifestación del 1 de mayo en Santander (C) Archivo CANTABRIA DIARIO

Un 70,4% de los desempleados (41.187) y un 17% de los ocupados (37.055 trabajadores) estaban en riesgo de pobreza y exclusión social al término de 2016 en Cantabria, según las últimas estadísticas de la Tasa AROPE, que mide ahora en toda la UE los indicadores de pobreza y no sólo la pobreza relativa o monetaria sino también la privación de bienes materiales básicos y la mayor o menor intensidad del trabajo en los hogares.

Según se precisa el anexo estadístico de una guía elaborada por el Instituto para la Cooperación y el Desarrollo (ISCOD) de UGT para promover en las empresas de Cantabria el trabajo decente y los 17 objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el riesgo de pobreza y exclusión social en el mercado laboral de Cantabria aumentó de manera significativa el año pasado y afecta ya al 28% de la población activa (78.242 ocupados y desempleados), pese a coincidir con un crecimiento económico de la región de un 2,3% de su Producto Interior Bruto (PIB).

Las estadísticas de la Tasa AROPE, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y difundidas en la Encuesta de Condiciones de Vida en Cantabria 2016, confirman que el riesgo de pobreza y exclusión social aumentó el año pasado cuatro puntos entre los ocupados (de un 13 a un 17%), más de 17 puntos entre los desempleados incluidos los demandantes de empleo no ocupados o Denos (de un 53 a un 70,4%), dos puntos entre los jubilados (de un 5,2 a un 7,3%) y cuatro puntos y medio entre los inactivos laborales cántabros que no son jubilados (de un 28,2 a un 32,7%).

El Instituto para la Cooperación y el Desarrollo (ISCOD) de UGT ha editado 5.000 ejemplares de una guía de acción, subvencionada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, que se distribuirá entre las empresas de la región para informar y desarrollar el acuerdo internacional suscrito “para la erradicación de la pobreza, la disminución de las desigualdades y la vulnerabilidad, y el fomento de la sostenibilidad” en un plazo de 15 años.

La propia publicación recuerda que un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alerta que el trabajo decente “ha disminuido de manera significativa en los países desarrollados tras la crisis económica” y que “la pobreza ha tendido a disminuir en muchos países emergentes y en desarrollo, mientras en la mayoría de los países desarrollados ha ido en aumento”.

Riesgo de pobreza, con y sin empleo

La guía de acción de ISCOD-UGT, “Trabajo decente y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, destaca que la mencionada OIT estima que en el mundo hay 200 millones de personas sin empleo y que éste “se está deteriorando tanto en las economías emergentes como en las desarrolladas”, lo que provoca que tener un trabajo remunerado no es sinónimo de no sufrir la pobreza y la exclusión social.

Como precisa ISCOD-UGT, en el año 2015, cuando la economía cántabra y la española llevaban dos años de crecimiento tras la recesión de los años de la crisis económica, el riesgo de pobreza y exclusión social disminuyó significativamente y el porcentaje de la población afectada en Cantabria se redujo hasta 7 puntos (de un 27,4 a un 20,4%), un 5% en el caso de los cántabros que tenían un empleo (de un 18 a un 13%).

Sin embargo, el año pasado la Tasa AROPE repuntó de nuevo en la región y, como puntualiza el sindicato, “reafirmó un incremento general del riesgo de pobreza y exclusión social que no se corresponde con la marcha de la economía y que, en el caso de los desempleados, no ha cesado de crecer antes y después de este repunte económico de los tres últimos años”.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida de Cantabria de 2016, que elabora el Gobierno de Cantabria y publica el Instituto Cántabro de Estadísticas (ICANE), la Tasa AROPE entre los desempleados se ha duplicado desde el año 2012 de un 36% al mencionado 70,4% del año pasado.

ISCOD-UGT recalca al respecto que en este notable incremento del riesgo de pobreza y exclusión social influye el alto porcentaje de hogares cántabros que siguen teniendo al menos uno de sus miembros en el desempleo, un 27%, de los que un 51,4% no percibe ninguna prestación por desempleo.

Al término del año pasado, en Cantabria más de la mitad de los desempleados registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)  no percibían ninguna prestación por desempleo (20.759 de un total de 35.650) y otro 26% (11.462) ingresaban como mucho una prestación asistencial de 426 euros mensuales, cuantía muy por debajo de los algo más de 600 euros mensuales fijados como umbral de pobreza.

Significativo deterioro del empleo

Uno de los grandes objetivos de la Agenda 2030 que difundirá en su guía ISCOD-UGT, es invertir ese “significativo deterioro del empleo” anunciado por la Organización Internacional del Trabajo, que en Cantabria alcanzó el año pasado máximos históricos de precariedad laboral en muchos conceptos según las estadísticas oficiales.

Así, al término de 2016, Cantabria superó, por segundo año consecutivo desde que se facilitan estadísticas oficiales, el 93% de contratos temporales (93,35% ó 219.054 de un total de 234.670), de los que un 41% fueron de menos de siete días (90.233), lo que implica también la mayor cuantía y el mayor porcentaje computado hasta ahora de estos contratos de menor duración.

Además, en Cantabria se contabilizaron otros máximos históricos de precariedad laboral, ya que por primera vez también se rebasó los tres contratos de trabajo firmados por la misma persona (rotación contractual), en concreto 3,14%; y se registró el mayor porcentaje de contratos a tiempo parcial hasta ahora, un 38,21% (89.699).

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), Cantabria cerró el año 2016 con un total de 200.744 asalariados, de los que 51.216, un 25,5% del total,  tenían un contrato temporal, el mayor porcentaje de los últimos nueve años.