Cerrada la I Fase del Plan de Derribos con afectados de las urbanizaciones Cerrias I y Cerrias II
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David Laguillo
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El Gobierno de Cantabria asegura que ha garantizado ya el patrimonio a 350 familias afectadas por sentencia de derribo en varios municipios de la región, concretamente de Argoños, Arnuero, Escalante y Piélagos, mediante la firma de un convenio por el cual la Administración regional se compromete con estos propietarios, en el supuesto que los tribunales decidan finalmente la demolición de sus casas, bien a indemnizarles o bien a otorgarles otra vivienda de similares características a la suya.
Hoy han suscrito estos convenios con el Ejecutivo cántabro medio centenar de afectados de las urbanizaciones Cerrias I y Cerrias II del municipio de Piélagos en un acto celebrado en la oficina municipal de Liencres y al que han asistido el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, y la secretaria genral de la Consejería, Ana García-Barredo.
Javier Fernández ha señalado que, con la firma hoy de estos convenios, finaliza la I Fase del Plan de Derribos que el Ejecutivo de Ignacio Diego puso en marcha en 2011 aunque no da por cerrado el proceso. “Hoy podemos decir que se ha resuelto el problema social con carácter global y todos los casos tienen encauzada una solución”, ha explicado, pero, en su opinión, ahora queda la fase judicial en los que los tribunales estudiarán caso a caso y el Gobierno, como siempre ha dicho respetará sus decisiones.
En cuanto al acuerdo suscrito con los propietarios, el titular de Urbanismo ha calificado como “magnífico” el convenio que asegura a los propietarios su patrimonio y que hace “justicia” con los propietarios, que ven con él restablecidos sus derechos. “Precisamente ayer”, ha recordado, “firmamos los ayuntamientos y el Gobierno la Hoja de Ruta para la próxima legislatura que va a velar porque estos acuerdos se cumplan”.
Finalmente, ha agradecido el trabajo y la colaboración que ha existido entre los miembros de la Consejería, los ayuntamientos y los miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).
350 familias
Los firmantes de hoy se suman a los otros propietarios han rubricado con el Gobierno el mismo convenio de garantía patrimonial. Teniendo en cuenta también a los afectados de Arnuero, Escalante y Piélagos, en total son ya 350 las familias que han optado por esta fórmula ideada por el Ejecutivo cántabro.
Este modelo es de aplicación a todas las viviendas que tienen encaje en los planeamientos urbanísticos en tramitación y, por lo tanto, a aquellas que pueden ser objeto de legalización una vez que se aprueben los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs) de cada municipio y se otorguen las nuevas licencias.
El convenio recoge el derecho de las familias a que la Administración corra con todos los gastos que se produzcan durante el proceso de legalización y el derecho a ser indemnizados si estos procesos de legalización no llegan a buen término. Si esto ocurre, podrán optar por una indemnización económica fijada por un perito independiente o bien por una nueva vivienda de similares características a la suya.
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