Las expropiaciones siempre han sido fuente eterna de conflictos entre los ciudadanos y las administraciones. En este contexto, las administraciones hablan de “justiprecio”. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que el pretendido justiprecio de la expropiación se aleja cada vez más del precio justo.

La fusión de dos palabras (justicia y precio) para formar el concepto de justiprecio, no siempre da como resultado que el precio de la expropiación sea justo, y en los casos en los que ese precio no es acorde al bien embargado, es cuando entra en juego la posibilidad de abrir un contencioso administrativo, en este caso contra el Ayuntamiento de Santander.

Cuando las administraciones recuerdan esta opción, tienen que ser honestas y añadir también que la lucha jurídica es muy desigual: un particular poco o nada tiene que hacer contra una administración. El ciudadano lleva las de perder porque sus recursos de lucha son limitados, mientras que la administración lucha con pólvora del Rey. Los ciudadanos particulares tienen que costearse de su bolsillo los grandes gastos jurídicos que supone iniciar acciones legales contra la decisión de un ayuntamiento, mientras que las administraciones públicas disponen de recursos ilimitados.

No es de justicia ligar “justicia” y precio, cuando se sabe de antemano que los precios no son justos, y las posibilidades de lucha o resistencia son inexistentes. Pero, en realidad, esta historia tiene un fondo similar a cuando los alcaldes anuncian bajadas del IBI pero los ciudadanos pagan cada vez más por ese impuesto: las medias verdades, que son peores que las más pútridas mentiras. ¿Hasta cuándo aguantarán los ciudadanos ese tipo de discursos?