El PSOE cántabro exige que los grupos políticos rechacen la reforma de la Ley del Aborto

  • “Los socialistas no vamos a permitir que el PP utilice a las mujeres como cortina de humo del desastre económico al que nos han abocado”, afirma Méndez

La diputada socialista Ana Isabel Méndez ha presentado una Proposición No de Ley para exigir al Parlamento de Cantabria que se posicione contra la anunciada reforma de la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo que, “como lamentablemente ya nos tiene acostumbrados el PP, profundiza en las desigualdades sociales”.

Méndez afirma que el PP ‘no cree en la igualdad’ y lleva a una sociedad ‘con mujeres de primera y mujeres de segunda’. Mujeres que tienen dinero y podrán pagarse el viaje y los gastos para abortar libre, legalmente y de forma segura en cualquiera de los países de Europa que tienen una Ley como la que hoy tiene España, y mujeres de segunda sin recursos económicos que volverán a tener que recurrir a la práctica de abortos clandestinos, como si fueran delincuentes y con grave riesgo para su salud”, ha afirmado Méndez.

En este sentido, la diputada socialista afirma que el PP usa a las mujeres como ‘cortina de humo’ del ‘desastre económico’ y acusa al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de utilizar a las mujeres para posicionarse con ventaja en la carrera a la sucesión de Mariano Rajoy.

También, Méndez considera ‘inaceptable’ que a las mujeres españolas les impongan una moral católica “que es una cuestión personal y que en ningún caso puede coartar nuestra libertad, porque ni somos seres inferiores ni estamos incapacitadas para decidir sobre nuestras vidas”.

La diputada socialista ha manifestado que “esta reforma tiene el rechazo social, como mostraba la encuesta que se publicaba el pasado mes de julio en un medio de comunicación de ámbito nacional. El 81% de los ciudadanos están en contra; 2 de cada 3 votantes del PP la rechazan, así como el 64% de los católicos o más de 140 organizaciones de mujeres, colectivos en defensa de la sanidad y entidades sociales o, incluso, todas las asociaciones de la judicatura”.

El PSOE exige que no se toque la Ley de plazos vigente y que el Estado cumpla la normativa europea e internacional que, en las recomendaciones que Naciones Unidas ha hecho a España con ocasión de la revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), le exige garantizar la plena aplicación de la esta Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de 2010 en todo el territorio nacional y la adopción de un procedimiento básico común a todas las Comunidades Autónomas para garantizar un acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo.