Bonificación del 50% en aranceles notariales en la Ley de Cooperativas
- Cantabria
David Laguillo
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El proyecto de Ley de Cooperativas que ha elaborado el Gobierno de Cantabria contiene las principales reivindicaciones del sector y que los representantes de las principales organizaciones trasladaron al grupo de trabajo que ha redactado la norma.
Así se lo ha expuesto la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, a los presidentes de las asociaciones de cooperativas, a quienes les ha trasladado los detalles de una norma que “atiende las demandas del sector cooperativo regional”, que, en su opinión, necesita “un texto moderno” frente a la regulación actual que data de 1999.
Cristina Mazas afirma que el Gobierno regional trata de ofrecer “una regulación respetuosa con el tipo o modelo de verdadera sociedad cooperativa”, así como los instrumentos necesarios “no sólo para que las cooperativas puedan superar una etapa de crisis”, sino para que la organización cooperativista “pueda ocupar un papel relevante dentro de la actividad económica cántabra”.
En este sentido, señala Mazas, el Gobierno da el primer paso de “aprobar una legislación adecuada” y, simultáneamente, “apuesta de forma decidida por la divulgación del ideario cooperativo y por la promoción de las sociedades cooperativas como fórmula ventajosa respecto a otras formas jurídicas, favorecedora del autoempleo”.
El Gobierno ha incluido en el texto, según la consejera, las necesidades que planteaba el sector, como la exigencia de que el negocio constitutivo se formalice en escritura pública, y, para “paliar el inconveniente que supone su coste económico”, establece una bonificación de aranceles notariales de, al menos, un 50%. Además, Mazas ha adelantado que su departamento trabaja en una posible línea de ayudas para financiar el coste restante.
Asimismo, la consejera ha explicado que, dada la coyuntura actual, se ha considerado conveniente incluir en el proyecto de Ley la previsión de que se puedan constituir cooperativas de trabajo de dos socios, si bien, en general, serán necesarios un mínimo de tres para constituir una cooperativa de primer grado.
Igualmente, el Gobierno ha considerado la propuesta de fijar un capital mínimo de 3.000 euros, si bien, para “evitar que esta exigencia se convierta en un obstáculo para la creación de cooperativas”, la norma admite que en el momento de la constitución se desembolse el 25% del mismo y el resto en hasta cuatro años.
“Atendiendo a las razonables reivindicaciones del sector”, apunta la consejera, en el proyecto se propone que se admita la posibilidad de reducir sus dotaciones a la mitad cuando el Fondo de Reserva Obligatorio supere el 100% del capital social si lo prevén los estatutos.
Además, en lo que respecta a las cooperativas de trabajo, Mazas ha explicado a las organizaciones del sector que el Gobierno ha incluido en el proyecto la previsión de que se puedan constituir con dos socios trabajadores, y flexibiliza, asimismo, el porcentaje de contratación de trabajadores por cuenta ajena, tanto con carácter indefinido como temporal —el número de horas/año realizadas por trabajadores por cuenta ajena no podrá ser superior al 60% del total de las realizadas por los socios, y el número de horas/año de trabajadores indefinidos será, como máximo, del 30%—.
En este mismo sentido, con idéntico objetivo, afirma Mazas, de “permitir a las cooperativas responder a las necesidades del mercado y favorecer la contratación de trabajadores”, el proyecto de Ley permite superar el número de horas por año realizadas por trabajadores con contrato de trabajo por cuenta ajena por necesidades objetivas de la empresa y por un periodo máximo de tres meses, siempre que se obtenga la autorización de la autoridad autonómica competente.
Por otro lado, en la nueva norma se ofrece la posibilidad de que todos los actos inscribibles en el Registro puedan ser objeto de calificación previa y no sólo la constitución de la cooperativa. De esta forma, según explica la consejera, se evitan “innecesarias segundas escrituras para los supuestos en los que el acto a inscribir adoleciera de defectos legales”.
Otro punto que la consejera Mazas ha resaltado es la creación del Consejo Cántabro de Economía Social, con funciones de carácter consultivo y asesor para las actividades relacionadas con este ámbito. A este Consejo, concreta la consejera, se le asigna la tarea de conciliar y ejercer arbitraje en las cuestiones litigiosas que se planteen entre cooperativas, entre éstas y sus socios, cuando ambas partes lo soliciten o bien estén obligadas a tenor de lo establecido en sus estatutos sociales.
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