Cantabria

IU lleva el tema de las cámaras de videovigilancia en Laredo a la Fiscalía

  • cantabria_diario_fotografias3306Piden que se investigue la compra e instalación de 11 cámaras presuntamente colocadas sin autorización de la Delegación del Gobierno

El Coordinador de IU en Laredo y concejal de esta formación en el Ayuntamiento pejino –Alejandro Abad– llevó este miércoles al Fiscal Superior de Cantabria toda la documentación de que dispone esta formación sobre la compra e instalación, por el Ayuntamiento de Laredo, de 11 cámaras de videovigilancia en diciembre de 2012.

Abad ha pedido formalmente al Fiscal que abra una investigación para determinar si en la gestión llevada a cabo en este asunto por Ramón Arenas y Ángel Vega en nombre del Ayuntamiento se han podido haber vulnerado derechos fundamentales de los ciudadanos de Laredo y si se han incumplido los preceptos legales vigentes en materia de protección de datos de carácter personal. Según IU “la contabilidad municipal demuestra que hace dos años Ángel Vega ordenó el pago de 49.800 € a la mercantil PC@SON por el suministro, montaje y puesta en funcionamiento de estos sistemas en distintas calles y edificios públicos de Laredo y que fue el actual Primer Teniente Alcalde –Ramón Arenas– quien hizo la propuesta de gasto y quien dio el visto bueno a la factura.

Además, Abad recuerda que las actas de los Plenos recogen las preguntas que al respecto han formulado y las respuestas del Alcalde que, ‘lejos de tranquilizar sobre un tema tan grave’, sólo han servido para ‘arrojar aún más dudas e inseguridad’ al reconocer que no están siendo controladas por la Policía y que ninguna de estas cámaras tiene autorización de la Delegación del Gobierno.”
Abad recuerda que a finales del año pasado fueron los votos contrarios del Gobierno quienes impidieron que el Pleno aprobase una moción de IU en la que se proponía crear una Comisión Especial para esclarecer este asunto y en su caso depurar las responsabilidades políticas.
“Teníamos razones para sospechar que se podrían haber captado imágenes de forma ilegal, quizás vulnerando derechos fundamentales protegidos por la Constitución y las leyes tales como el derecho la intimidad y el derecho a la propia imagen. Queríamos llegar hasta el fondo por vías estrictamente políticas y pedíamos al Gobierno transparencia, firmeza y respeto a la ley. El PP y sus apoyos tránsfugas decidieron cerrarnos la vía política y por ello no nos ha quedado otro camino que acudir a la Fiscalía. Si al final la Justicia interviene y hay consecuencias para el Ayuntamiento será responsabilidad de éste Gobierno, y fundamentalmente de Vega y de Arenas.” –concluyó Abad.

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