La dirección del PP informa de que los expedientes responden a la grabación de unos hechos y su posterior difusión pública

-María José González Revuelta afirma que el Comité de Derechos y Garantías es un órgano autónomo e independiente de la dirección

-La secretaria autonómica de los populares explica que el Comité ha sido elegido por unanimidad de la Junta Directiva y que la dirección del partido no tiene nada que ver con sus decisiones

La secretaria autonómica del Partido Popular, María José González Revuelta, ha aclarado que los expedientes informativos abiertos por el Comité de Derechos y Garantías, responden a la utilización, manipulación y difusión pública de una grabación, y no a los hechos que se produjeron en jornadas previas al Congreso Regional.

En cuanto al Comité de Derechos y Garantías, ha explicado que se trata de un órgano especializado, autónomo e independiente de la dirección, designado y elegido por la Junta Directiva Regional, en este caso por unanimidad, que puede actuar de oficio o por denuncia de un afiliado.

Según la secretaria autonómica de los populares, la dirección del partido no tiene, por lo tanto, ‘nada que ver con las decisiones que adopta’.

González Revuelta ha añadido que el expediente abierto a dos militantes tiene carácter informativo y, por lo tanto, de sus conclusiones no tiene que deducirse necesariamente una sanción.

En cuanto al inicio del citado expediente, ha indicado que el Comité de Derechos y Garantías no lo abrió de oficio, sino a raíz de una denuncia y petición de amparo de la gerente de la sede y de una trabajadora por la difusión pública de la grabación.

La secretaria autonómica del PP ha subrayado que el Comité de Derechos y Garantías ha citado a los dos afiliados para que pongan a disposición del instructor la información que tengan sobre lo ocurrido, con el fin de ‘darles las mayores garantías’, señala el PP en un comunicado.

Por último ha indicado que El Partido Popular es un partido ‘democrático que tiene sus normas, sus estatutos y sus procedimientos establecidos democráticamente por los propios afiliados, que hay que cumplir y respetar como se ha hecho en los últimos 40 años. Son unas normas, ha dicho, que afectan tanto a cargos públicos, como a afiliados’.