La Unión denuncia “arrogancia y chulería” del Ayuntamiento de Santander en el caso de Amparo Pérez

  • No es justo que la misma vivienda valga 79.000 € cuando es expropiada, y valga 104.000 € cuando es para pagar impuestos”, enfatizó Sebrango

Necesitamos una Ley de Decencia Administrativa”, afirman desde LA UNIÓN (LU), y reiteran que en la próxima Legislatura tramitarán en el Parlamento Regional esta Ley, cuyo objeto será “preservar al ciudadano de Cantabria de la prepotencia, la injusticia, y el maltrato de la Administración al ciudadano”.

El caso de Amparo en Santander”, fallecida este fin de semana, después de “sufrir la arrogancia y hasta la chulería del Ayuntamiento de Santander”, es una de las situaciones que “vamos a erradicar tanto de Cantabria como de Santander en particular”, afirmó Rafael Sebrango, Presidente de la formación política.

No vamos a afirmar que la expropiación de su casa es la causa de su muerte”, aclaró, pero sí “que el atropello del Ayuntamiento de Santander ha acelerado su deterioro”.

Además, añadió, en este caso, “todo se desencadena por hacer una obra que no es de urgencia, aplazable para tiempos mejores”, que como casi siempre “se encarga para comprar la reelección del Alcalde”.

Para LA UNIÓN (LU), nuestros gobernantes desconocen que “las decisiones políticas no son neutrales”, y además, “afectan a la vida de la gente”, como ha puesto de manifiesto, de forma evidente, el caso de Amparo en Santander.

El maltrato de la Administración es una herida incurable para los ciudadanos”, señaló, “crea una crisis insuperable de desconfianza en las Instituciones”, y “no puede ser paliada acudiendo a un Tribunal de Justicia”.

No es justo que la misma vivienda valga 79.000 € cuando es expropiada, y valga 104.000 € cuando es para pagar impuestos”, enfatizó Sebrango.

El caso de Amparo no es un caso aislado”, prosiguió, sino que “es la norma de toda la Administración en Cantabria”, consistente en “expropiar barato y cobrar impuestos caros”.

Nos hemos encontrado con casos en los que “la misma propiedad, para cobrar impuestos, vale el doble o el triple, que lo que vale para ser expropiada”.

Es injusto, es indecente, pero es legal, y eso se tiene que acabar ya”, indicó, y “a eso nos comprometemos”.

Pero, para LA UNIÓN (LU), por su volumen “el mayor problema le tenemos en el Gobierno Regional”.

En este sentido, acusan al Ejecutivo de “actuar fraudulentamente en las liquidaciones del impuesto sobre sucesiones, y en las trasmisiones de viviendas y vehículos”.

De lo que acusan al Gobierno es que “está valorando las propiedades y vehículos, por encima de su valor real de compraventa, e incluso por encima del valor de mercado”, y ello, precisaron “lo hacen para recaudar ilícitamente impuestos por encima de justo importe”.

La pillería” que usa el Gobierno Regional, es la llamada “comprobación de valores”, por la cual “una simple tabla multiplicadora” es la que decide el valor del coche o de la vivienda, “con absoluto desprecio al valor real”.

A través de este sistema, el impuesto sobre transmisiones, y sobre sucesiones, “se multiplica varias veces por su valor justo y real”, no quedándole más remedio al ciudadano que quiera luchar, que “contratar a un Perito, un Abogado, pagar la tasa judicial, y meterse en un pleito interminable con la Administración”.

Hemos detectado ya, como hay familias obligadas a renunciar a herencias de abuelos o de tíos, por no poder pagar el impuesto arbitrariamente inflado”.

Acabaremos con esta práctica de fraude”, finalizan en LA UNIÓN (LU), “no permitiremos más una Administración conjurada para el engaño, el atropello, y la incautación indebida de impuestos”.