Difunden miles de cartas para alertar a los vecinos sobre los riesgos de extraer gas mediante fractura hidráulica
El agua potable podría contaminarse con metano
«Vecina, vecino, en este pueblo están planeando, sin haber consultado antes ni a alcaldes ni a la población, obrando con total oscurantismo, un gran proyecto de extracción de gas de la tierra».
Así comienza una carta que se está difundiendo, con cinco mil copias, por parte de diversos colectivos sociales y ecologistas, a los vecinos de los pueblos afectados por un proyecto de extracción de gas mediante técnicas de fractura hidráulica o «fracking».
El lunes 25 de Julio, personas vecinas de los municipios afectados por el permiso de investigación «Arquetu» presentaron peticiones en los ayuntamientos de Cabezón de la Sal, Los Tojos, Valdáliga, Ruente, Cabuérniga, Rionansa, Udías, Tudanca y San Vicente de la Barquera.
Estas peticiones solicitaban presentar una moción para rechazar la concesión del permiso de investigación a la empresa Trofagás Hidrocarburos, y solicitar al Gobierno de Cantabria la revocación de la misma. La moción también solicita a cada ayuntamiento expresar su malestar y preocupación por la puesta en marcha de planes de explotación de hidrocarburos por medio de fractura hidráulica, e instar al Gobierno de España a elaborar una norma que prohíba dicha técnica.
Tras la publicación en el BOE el 4 de Julio de la concesión del permiso, varios colectivos han presentado un recurso pidiendo la anulación del Permiso de Investigación de Hidrocarburos nº 1 Arquetu, otorgado a la empresa Trofagás Hidrocarburos S.L..
Según estudios realizados por universidades norteamericanas, existe el riesgo de contaminación de las fuentes de agua con gases como metano, que podría alcanzar los pozos de agua privados mediante escorrentía. Además, los organizadores de este movimiento ciudadano contra esta técnica, que en Cantabria podría afectar a varios ayuntamientos, recuerdan que en la superficie requerirá un terreno lo suficientemente grande como para almacenar fluidos y residuos y equipos, tierras ‘ocupadas’ y sin valor ganadero, agrícola ‘ni turístico’, apuntan.
Los activistas aseguran que están decididos a presentar una constante y amplia oposición a este proyecto, que califican como ‘letal para el medio ambiente y las personas, y desarrollado con total oscurantismo por parte de la Administración’.
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